Buenas Prácticas

La contratación pública socialmente responsable trata de lograr resultados sociales positivos a través de los contratos públicos. Afecta a un gran número de personas, ya sea como usuarios de servicios públicos, aquellos involucrados en la producción y entrega, o como personal de la organización compradora. Más allá de los directamente afectados, la contratación pública socialmente responsable tiene el potencial de influir en el mercado más amplio tanto en el lado de la demanda como en el de la oferta.

La Comunidad de Madrid ha comenzado a adaptar toda la información de servicio público de su red de Metro a lectura fácil, para facilitar la accesibilidad cognitiva de la red y la autonomía de las personas con discapacidad intelectual o con dificultades de comprensión en el uso de las instalaciones.

El Gobierno de las Islas Baleares ha autorizado a IB3, Ente Público de Radiotelevisión de las Islas Baleares (EPRTVIB), a iniciar los procedimientos de contratación de los servicios informativos, de apoyo y mantenimiento técnico de los estudios de IB3 Televisión, de operación técnica de los equipos y sistemas de IB3 Radio y de IB3 Televisión y del servicio de explotación de estudios y exteriores. Por primera vez, los contratos de adjudicación tendrán que incluir cláusulas sociales en los pliegos para la mejora de las condiciones laborales y salariales de los aproximadamente 350 profesionales del ente público.

El Ayuntamiento de Toledo ha retomado su actividad con toda la normalidad política que implican las largas discusiones que casi siempre llevan a ninguna parte. La excepción, además por unanimidad, fue la propuesta de IU-Podemos para que las ofertas públicas de empleo municipales adopten un formato que facilite la participación de personas con discapacidad intelectual.