Al comprar con responsabilidad, los poderes públicos pueden promover oportunidades de empleo, trabajo decente, inclusión social, accesibilidad, diseño para todos, comercio ético y tratar de lograr un mayor cumplimiento de las normas sociales. Para algunos productos, obras y servicios, el impacto puede ser particularmente significativo, ya que los poderes públicos dominan una gran parte del mercado en sectores como la construcción, la salud y el transporte. Los poderes públicos son los principales inversores en Europa y gastan el 14% del producto interno bruto de la UE. Al usar su poder adquisitivo para optar por bienes y servicios que brinden resultados sociales positivos, pueden hacer una contribución importante al desarrollo sostenible. Cada vez más, los sectores público y privado reconocen la necesidad de abordar los tres pilares de la sostenibilidad (social, ambiental y económica) en las adquisiciones. Las Directivas de contratación pública de 2014 dejan en claro que los aspectos sociales pueden tenerse en cuenta durante todo el ciclo de adquisición, desde la preparación del contrato, hastael uso de reservas , o los criterios de adjudicación social y las condiciones de ejecución del contrato. Los poderes públicos en toda Europa están comenzando a aprovechar estas oportunidades y demostrar un impacto social real en sus compras. A pesar de esto, los Estados miembros aún no están aprovechando plenamente las posibilidades de la contratación pública como herramienta estratégica para apoyar los objetivos de política social. Este guía pretende ser un impulso para ello.