zamora24horas.com 12.06.20

La fiscalización comprende el análisis de la utilización de aspectos sociales y medioambientales en los contratos adjudicados en los dos primeros ejercicios de aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, cuya entrada en vigor se produjo el 9 de marzo de 2018. Esta Ley, en consonancia con las directivas comunitarias, tiene como uno de sus objetivos conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social y medioambiental.

El propósito de este trabajo es la realización de una auditoría de cumplimento de la legalidad centrada en los siguientes objetivos:

Verificar el cumplimiento de las obligaciones de información por los diferentes órganos de contratación y por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación.

Comprobar en qué medida se ha cumplido la reglamentación existente mediante la inclusión expresa, dentro de la documentación preparatoria de la contratación, los objetivos o consideraciones sociales y medioambientales a satisfacer, y que guardan relación con el objeto del contrato.

Verificar el cumplimiento de las cláusulas sociales y medioambientales incluidas en los expedientes de contratación en las actuaciones preparatorias de la contratación, en su adjudicación y ejecución.

Durante el periodo del estado de alarma el pleno del Consejo de Cuentas se ha reunido en siete ocasiones –cinco por sistema de videoconferencia y dos presenciales- habiendo aprobado las directrices técnicas de siete fiscalizaciones correspondientes al Plan Anual 2020. Asimismo el presidente del órgano de control externo autonómico, Mario Amilivia, ha comparecido en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León en dos ocasiones para la presentación de seis informes.

En relación a su actividad, la previsión que tiene el Consejo de Cuentas con el teletrabajo es que siga siendo la forma prioritaria de funcionamiento en la institución conforme a lo establecido por el Real Decreto 15/2020, durante tres meses después del cese del estado de alarma.