Buenas Prácticas
Buenas Prácticas
Veinte aspirantes con discapacidad intelectual han superado el proceso selectivo convocado en el año 2018 por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para cubrir otras tantas plazas de personal laboral (ordenanza) en oficinas y dependencias de este organismo del Ministerio de Hacienda.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público. Se trata de una medida que beneficia especialmente a las personas con discapacidad, a las mujeres y que fomenta las mejoras de las condiciones laborales del conjunto de los trabajadores.
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de la figura del fiscal de sala para la discapacidad y los mayores, con el objetivo de que actúe en casos como el destapado esta semana en la residencia madrileña de la tercera edad Los Nogales, investigada por las vejaciones y los malos tratos a sus residentes.
Según datos de la Agencia Tributaria, 10 plazas son para optar al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda, 34 plazas se destinan al Cuerpo Técnico de Hacienda, a estas se suman 24 plazas para el Cuerpo General Administrativo con especialidad en Agentes, 35 plazas son para personal laboral y otras 20 plazas de personal laboral, en concreto, para ordenanzas, se reservan para personas con discapacidad intelectual.
Esta guía, editada en 2018 por el European Disability Forum, ofrece información sobre qué es la Unión Europea y cómo funciona, qué hace la Unión Europea para las personas con discapacidad, qué se debe hacer para mejorar la vida de estas personas y con quién pueden comunicarse si consideran que no se respetan sus derechos y se les trata injustamente.
Esta guía, elaborada por los Servicios de la Comisión en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones y editada en 2015, busca proporcionar orientaciones a los funcionarios que participan en la gestión de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para ayudarlos a evitar errores frecuentes y a adoptar las mejores prácticas a la hora de llevar a cabo los procedimientos de contratación pública. Aunque no proporciona una interpretación jurídica de las directivas de la UE, constituye un instrumento útil porque recorre los ámbitos en que se producen errores con mayor frecuencia, dando consejos prácticos sobre cómo evitarlos y cómo tratar cada situación. Este documento también enumera una serie de buenas prácticas, ejemplos reales, explicaciones sobre temas específicos, estudios de casos y plantillas. Por último, su presentación, que incluye alertas y elementos interactivos con enlaces a los textos legislativos pertinentes y otros documentos útiles, tiene por objeto facilitar la utilización del manual.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado una resolución por la que se dictan las reglas aplicables para conceder traslados a los funcionarios de carrera de la Administración General del Estado (AGE) por razones de discapacidad sobrevenida o incremento del grado de discapacidad, así como por motivos de salud y posibilidades de rehabilitación de los funcionarios, sus cónyuges o los hijos a su cargo.
Es un cambio de perspectiva. Los altos costes de los servicios sociales no solo no deben considerarse un gasto, sino que son una inversión rentable y beneficiosa para toda la sociedad. Y para demostrarlo, números: por cada euro invertido en Atadi Empleo, la entidad retorna a la sociedad 2,54 euros en beneficios sociales y económicos. Es la principal conclusión de un estudio que permite defender que los centros especiales de empleo son “un medio de desarrollo” en muchos lugares.
La directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha ha impartido una conferencia bajo el título ‘Políticas públicas de igualdad en España. Discapacidad y Discriminación’ en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) dentro del Master Selectivo del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
El Ayuntamiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) reservará un 7 por ciento de los contratos municipales para Centros Especiales de Empleo al objeto de garantizar el beneficio social y la inserción de las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión.
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