eldiario.es - Elisea Alegre Saura - 05.04.19

Así lo recoge el informe “Identificación y análisis del retorno social y socioeconómico de Atadi Empleo mediante la aplicación de la metodología SROI”, en el que se cuantifica el retorno que genera la actividad de inserción laboral de personas con discapacidad del centro especial de empleo de la entidad en la provincia de Teruel.

“Los servicios sociales no son un gasto, sino una inversión para la sociedad”, aseguraba durante la presentación del informe Ramón Royo, director gerente de Atadi, que lamentaba que a los centros especiales de empleo se les “sigue viendo como un saco sin fondo, y no como un nicho de mercado y un medio de desarrollo para el medio rural”.

El estudio, elaborado por Ecodes y Alter Civites, utiliza la metodología SROI (Retorno Social de la Inversión), un método que mide el valor extrafinanciero; es decir, el valor social, económico y ambiental que actualmente no se refleja en la contabilidad financiera convencional. Cuantifican los beneficios derivados de la actividad de Atadi Empleo para los trabajadores con discapacidad, sus familias y la Administración Pública.

El centro cuenta actualmente con 40 trabajadores, de los que el 79 % son personas con discapacidad. El beneficio social para ellos es el más evidente: “Conseguir un empleo es el mayor reto para las personas con discapacidad”, especialmente cuando se trata de discapacidad intelectual”, asegura Santiago Villanueva, presidente de Plena Inclusión Aragón, organización de la que forma parte Atadi.

Las personas con discapacidad intelectual son “quienes lo tienen más difícil” y, de hecho, en Aragón solo el 15 % de las personas con discapacidad intelectual trabaja, según los datos que aporta Plena Inclusión.

El estudio detalla que los trabajadores con discapacidad de Atadi Empleo son beneficiarios de la mitad (53 %) de los impactos sociales y socioeconómicos cuantificados durante el análisis.

También se benefician los familiares de los empleados con discapacidad, receptores del 22 % de los impactos sociales y socioeconómicos que se han cuantificado. Estos incluyen beneficios en el ámbito laboral y económico, así como mejoras en el bienestar de toda la unidad familiar.

Además, la Administración Pública es receptora del 25 % de los impactos socio económicos contabilizados, que se traducen en que las aportaciones públicas destinadas al centro de empleo en forma de subvenciones (parte de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad y bonificaciones a la Seguridad Social) “resultan sumamente rentables en términos económicos y socioeconómicos”, destacan los responsables del informe.

Esto se debe al importante ahorro que supone la inserción laboral de personas con discapacidad para el sistema de protección social pública: ahorros en el pago de pensiones no contributivas y prestaciones por desempleo y en gasto social de recursos alternativos para personas con discapacidad.