Buenas Prácticas
Buenas Prácticas
El equipo de Gobierno pedirá al pleno recurrir la decisión del tribunal de contratos de la administración que anula la adjudicación. Considera que el contrato es válido.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha firmado un convenio de colaboración con Fundación A LA PAR para dar formación a los miembros de la Carrera Judicial y ofrecerles las herramientas necesarias para facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la Administración de Justicia y mejorar su relación con la misma.
El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado el Decreto de contratación social de 2019 que fija el porcentaje de contratación con reserva social en un importe mínimo de 10 millones de euros, un millón más que el año pasado.
El Parlamento gallego ha emplazado por unanimidad a la Xunta -tras una iniciativa de En Marea transaccionada-- a defender la cuota de reserva para personas con discapacidad en empresas, así como a introducir cláusulas sociales en la contratación pública que incentiven a las compañías a implantar medidas para su inserción laboral.
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Bequal y director general de la Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, y el director gerente de Fundación Bequal, José Antonio Martín Rodríguez, con la participación del director general de ILUNION Capital Humano, Francisco Botía Robles, entregaron en un breve encuentro con la directora del INAP, María Isabel Borrel Roncalés, y el gerente de este instituto, Enrique Silvestre Catalán, la renovación del Sello Bequal Plus a este organismo.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado ayudas a la contratación indefinida por importe de 1.250.000 euros, para incentivar la contratación de personas con discapacidad en las empresas.
El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado tres convocatorias de ayudas del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) dirigidas a facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad y de otros colectivos en riesgo de exclusión social.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) saludó el conjunto de medidas operativas adoptadas en el Consejo de Ministros para hacer efectiva la contratación pública socialmente responsable en el ámbito de la Administración General del Estado.
La Junta de Gobierno Local ha aprobado una instrucción de contratación pública estratégica y socialmente responsable, con la que el Ayuntamiento se dota de una norma de obligado cumplimiento, así como una guía que incluye cláusulas sociales y sistemas de verificación de cumplimiento y medición de impacto.
La Diputación de Málaga, a través del Plan de Asistencia y Cooperación, permite que los municipios pueden acogerse a distintos programas para implantar un Plan de Responsabilidad Social Corporativa elaborado por el Área de Gobierno Abierto y Transparencia.
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