Jurisprudencia

Un auto dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la medida cautelar de suspender la aplicación de las cláusulas sociales de contratación en el Ayuntamiento de la capital como había solicitado la Delegación del Gobierno a través de la Abogacía del Estado.

No ha lugar al recurso interpuesto contra la sentencia que privó a la hija de los recurrentes del derecho al sufragio activo como consecuencia de la discapacidad que le fue reconocida.

Señala que la sentencia recurrida hace un exhaustivo análisis del caso para llegar a la conclusión de que la enfermedad de Parkinson que sufre la madre se encuentra en estado leve y controlada, lo que no impide a la recurrida hacerse cargo del cuidado de sus hijos, sin que obste a lo acordado la existencia de una manifestación ansioso-depresiva, pues no consta que sea consustancial al Parkinson y no inhabilita para desarrollar la labor como madre. En consecuencia, concluye que no consta causa alguna que haga desmerecer a la madre, en su potencialidad como educadora de sus hijos.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dado la razón al Ayuntamiento de Torrelavega y ha condenado al Gobierno regional a admitir la solicitud de subvención que presentó el Consistorio a la convocatoria 2015 de Corporaciones Locales para la contratación de 37 personas con discapacidad durante seis meses en el Centro Especial de Empleo Serca.