Buenas Prácticas
Buenas Prácticas
La Comunidad de Madrid regulará la figura del experto facilitador para prestar apoyo a personas con discapacidad en las sedes judiciales --juzgados adscritos a alguno de los 21 partidos judiciales de la región, la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia--.
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y Plena Inclusión Extremadura han presentado un proyecto pionero en el país, que ha consistido en adaptar documentos protocolizados adaptados a lectura fácil para facilitar la accesibilidad cognitiva a la Justicia de las personas con discapacidad intelectual.
Pamplona cuenta ya con el I Plan Estratégico de Accesibilidad Integral, que cuenta con más de 60 actuaciones para ser una ciudad "sin barreras", y que con horizonte temporal 2028 "persigue la accesibilidad universal para todas las personas, con independencia de sus posibles limitaciones físicas, sensoriales o cognitivas, de su edad y de cualquier otra circunstancia de carácter permanente o temporal que pueda dificultarles desarrollar su vida de manera plena y autónoma".
El Ayuntamiento de Monzón ha renovado el Sello de Responsabilidad Social de Aragón, tras conseguirlo el año pasado como reconocimiento a la implantación y aplicación de prácticas socialmente responsables.
El Ayuntamiento de Majadahonda ha lanzado una nueva App gratuita dirigida a mejorar la accesibilidad de las plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida (PMR), permitiendo a los usuarios buscar, verificar la disponibilidad y recibir indicaciones para llegar hasta las plazas que se encuentren libres.
El Ayuntamiento de Madrid destinará 5,8 millones de euros durante el año 2024, un 3,5 % del total de la contratación municipal, a contratos socialmente responsables, es decir, aquellos reservados para organismos que tienen por objeto la integración de personas con discapacidad o en situaciones de exclusión social.
El Gobierno de Castilla-La Mancha celebrará el próximo 18 de noviembre, en Toledo, un nuevo proceso selectivo independiente para cubrir 33 plazas de discapacidad intelectual en la Administración General, que forman parte de la oferta de empleo público de 2021 y 2022, a la que se han presentado unas 500 personas, y que contará con “exámenes y temarios adaptados”.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública. De esta forma, se propiciará el impulso de la contratación pública socialmente responsable.
La agencia de noticias Servimedia ha organizado un diálogo sobre 'La contratación pública y los centros especiales de empleo de iniciativa social' para realizar balance de un proyecto que ha dinamizado la reserva de trabajo para las personas con discapacidad.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha acordado la redacción en lectura fácil de una sentencia cuya demandante es una trabajadora que tiene una discapacidad intelectual y a la que la Sala de lo Social ha reconocido una incapacidad permanente absoluta.
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