Buenas Prácticas
Buenas Prácticas
La propuesta de Imagina, que ha salido adelante gracias a los votos a favor del PSOE y de los no adscritos Guinea y Salinero, está relacionada con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que obliga a las administraciones públicas a reservar contratos a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción
Las ofertas ordinaria y extraordinaria de empleo público aprobadas por el Gobierno para el año 2018 reservan un total de 779 plazas para personas con discapacidad en el turno libre, según las disposiciones normativas que las regulan publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 31 de julio.
El nuevo pliego de condiciones del contrato de limpieza de las escuelas municipales de València establece cláusulas sociales y medioambientales, como que el 50 % de las nuevas contrataciones será de parados de larga duración, personas con discapacidad o en situación de exclusión social, o que no se usará lejía.
El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado por unanimidad la guía de contratación socialmente responsable, un documento para aplicar cláusulas sociales en los contratos públicos de la institución.
Se incorporaron cláusulas sociales a un total de 513 contratos en 2017, un 47,7% del total. De ellos, 70 contratos incluyeron cláusulas éticas de comercio justo. Por otra parte, 9 contratos incluyeron cláusulas de reserva a centros especiales de empleo o empresas de inserción social.
La Diputación de Cádiz, a través de un decreto suscrito por su presidenta Irene García, va a dedicar, al menos, un siete por ciento de sus procedimientos de adjudicación de suministros y servicios a centros especiales de empleo de iniciativa social y a empresas de inserción.
La Guía está adaptada a la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
El director general de Patrimonio y Contratación Pública del Gobierno de Canarias, Francisco González, ha manifestado hoy que el ejecutivo regional estudia cómo sacar provecho a la ley de contratos del sector público, para así garantizar una contratación pública responsable.
La Justicia riojana pondrá en marcha un proyecto para adaptar a lenguaje fácil los fallos de las sentencias judiciales que afectan a personas con discapacidad intelectual y a aquellas que presentan mayores dificultades de comprensión.
El Colegio de abogados de Oviedo ha constituido una Comisión de Discapacidad y Dependencia como instrumento de debate, estudio y difusión de la normativa vigente en esta materia, así como para servir de interlocutor con los colectivos de personas con discapacidad con el objetivo de conocer sus demandas y su realidad social y jurídica.
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