Foro de la Contratación Socialmente Responsable

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CASTILLA Y LEÓN

La Comisión de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Diputación, presidida por el diputado David Esteban, ha informado de las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para mejorar la accesibilidad de los centros de los ayuntamientos adheridos al programa 'Crecemos' suscritos al mismo en la provincia de Valladolid con cargo a los fondos europeos procedentes del mecanismo para la recuperación y resiliencia en Castilla y León.

LA RIOJA

El Ayuntamiento de Logroño simplificará los trámites para la solicitud de las ayudas a la accesibilidad en edificios. Así, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las bases reguladores de estas ayudas.

COMUNIDAD VALENCIANA

El Ayuntamiento de València ha puesto en marcha una campaña, bajo el lema 'Para mí es mucho más que una plaza de aparcamiento. Respetar esta señal es señal de respeto', para fomentar el respeto al uso de las plazas de estacionamiento reservadas a personas con movilidad reducida y sensibilizar de las consecuencias que tiene para sus usuarios la ocupación indebida por parte otros conductores.

COMUNIDAD VALENCIANA

El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alicante incorporará en las nuevas islas de recogida selectiva un nuevo modelo de contenedores de residuos orgánicos "más accesibles, tecnológicos y con una imagen más amable, con menor impacto visual" que incluyen palancas accesibles para personas con movilidad reducida e identificadores en braille.

AGENDA - 11 y 18 de noviembre, de 12:30 a 14 horas

Los días 11 y 18 de noviembre, organizadas por Compra Pública Ética, se celebrarán dos sesiones online sobre “La Compra Pública Responsable: en camino hacia el Desarrollo Sostenible”, en los que intervendrán expertos en la materia y profesionales que desenvuelven su actividad en torno a los procesos de compra y/o contratación por las entidades del sector público en el que se consideran criterios sociales, medioambientales o de comercio justo. Entre otros ponente, intervendrá Javier Blanco Díez, Gerente del Foro para la Contratación Socialmente Responsable

La Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo (Feacem) valoró positivamente la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala la Ley de Contratos del Sector Público, que circunscribe la reserva de licitaciones públicas solo a los centros especiales de empleo (CEE) de iniciativa social.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha expresado su “satisfacción” porque el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) da la razón a España y declara que la normativa estatal de contratación pública, que prevé la reserva de un porcentaje (del 7 al 10%) a favor exclusivamente de Centros Especiales de Empleo e iniciativa social, promovidos por el movimiento asociativo de la discapacidad, “es conforme a la legislación comunitaria”.

Fundación ONCE ha presentado el V Congreso Internacional sobre Universidad y Discapacidad, un encuentro que se celebrará de forma virtual del 20 al 22 de octubre y que abordará, entre otros aspectos, el papel que deben jugar las tecnologías en la educación superior de las personas con discapacidad, “proactivas” a la hora de utilizarlas.

Las personas con discapacidad sufren problemas de accesibilidad a Internet o durante su utilización. Así lo recoge las conclusiones del segundo ‘Estudio sobre Brecha Digital y Discapacidad’ realizado por la Cátedra de Brecha Digital y Diversidad Funcional (DicaTIC), promovida por la Universitat Politècnica de València (UPV) y la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana.

La Oficina de Atención a la Discapacidad (Oadis) del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 propondrá al Pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad una recomendación para que el Ministerio de Hacienda y Función Pública, junto a la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, estudien las modificaciones necesarias para que los importes de las sanciones por infracciones en materia de discapacidad, del ámbito de la Administración General del Estado, se destinen para la ejecución de actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad universal.