El conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha anunciado que la nueva Ley de Responsabilidad Social contemplará la prohibición de que la Administración valenciana contrate con empresas que radiquen u operen en paraísos fiscales o que se hayan visto incursas en casos de corrupción.

El conseller ha realizado estas declaraciones durante la presentación del borrador del anteproyecto de Ley de Fomento de Responsabilidad Social en la Confederación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, acto al que también ha asistido el director general de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno, Josep Ochoa.

El borrador de la ley de Responsabilidad Social incorpora la obligación de que la empresa licitadora se comprometa, en caso de resultar adjudicataria, "a ejecutar el contrato con criterios de equidad y transparencia fiscal, por lo que los ingresos o beneficios procedentes del contrato serán íntegramente declarados y tributados conforme a la legislación fiscal vigente, prohibiéndose expresamente la utilización de domicilios y su consiguiente tributación en algún país de la lista de paraísos fiscales, según la lista de países elaborada por instituciones europeas y/o el Estado español".

Alcaraz ha afirmado que el borrador de este texto legislativo "representa un paso muy importante en materia de participación y transparencia, documento que servirá para establecer, además, cláusulas sociales en las contrataciones de la administración pública y estímulos a la responsabilidad social para las empresas, especialmente en pymes y autónomos".

De hecho, en palabras del conseller Alcaraz, "la introducción de cláusulas de responsabilidad social y buenas prácticas por parte de las empresas valencianas será prioritaria para las contrataciones que desarrolle la Generalitat y su sector público, de acuerdo con la legislación vigente en materia de contratación pública".

En este sentido, el conseller ha resaltado que la apuesta por la responsabilidad social empresarial "no debe ser ajena a la Administración", ya que "la Administración no deja de ser una organización sujeta a la ley y el derecho pero también debe ser responsable socialmente".

"El Consell ha dado la importancia que merecen valores como la transparencia, el buen gobierno o la responsabilidad social, conformando una acción transversal en los diferentes ámbitos competenciales, una nueva forma de hacer política que sitúa a las personas en el eje central", ha afirmado Alcaraz.

Para el conseller de Transparencia, "la contratación pública socialmente responsable supone una oportunidad para devolver a la sociedad una buena parte de lo conseguido por las empresas mediante una mejora en la calidad de vida de las personas, potenciando una sociedad más ética, más solidaria y más inclusiva, a través de la aplicación de cláusulas de responsabilidad social".

Contrataciones más sociales, éticas y responsables

Algunas de estas cláusulas son de carácter social, como el fomento del empleo de personas en situación o riesgo de exclusión social, la inserción laboral de personas con diversidad funcional, el fomento de la estabilidad en el empleo y la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, entre otras.

A su vez, se incluyen requerimientos ambientales como eficiencia energética, el uso de productos reutilizables, el empleo de energías renovables, o la minimización de emisiones o adecuada gestión de residuos.

En cuanto a las cláusulas éticas se recogen medidas adoptadas relacionadas con códigos de conducta, transparencia y acceso a la información pública, lucha contra la corrupción o comercio justo.

El documento traslada la responsabilidad social al ámbito de la Administración de la Generalitat y su sector público. Para ello, se incluyen medidas de planificación como un Plan Valenciano de Responsabilidad Social, la citada la exigencia de clausulas de responsabilidad social en la contratación pública, la reserva de contratos, la exigencia de memorias de Responsabilidad Social o la creación de órganos de participación y consulta como el Consejo y Observatorio Valenciano de Responsabilidad Social, entre otras.

El borrador de la futura ley de responsabilidad social se abre, además, al proceso de participación pública, foro on line que estará disponible desde el lunes, 4 de julio, y hasta el 15 de septiembre en la web de la Conselleria de Transparencia para recoger opiniones, propuestas, sugerencias y observaciones.

Asimismo, se inicia un periodo de reuniones bilaterales con los diferentes grupos de interés, como organizaciones sindicales, empresariales, universidades, organizaciones no gubernamentales, etc.