Elcomercio.es 06.05.16

Patronal y sindicatos, con frecuencia muy distanciados, tenían en los últimos meses una crítica común hacia el Gobierno del Principado: que a la hora de realizar licitaciones solo tuviera en cuenta el criterio del precio. La subasta pura, insistían los agentes sociales siempre que tenían ocasión, estaba perjudicando la calidad de las obras y servicios, afectaba a la seguridad laboral, al empleo e incluso provocaba incumplimientos de la legalidad. El presidente de los constructores, Serafín Abilio Martínez, llegó a acusar al jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández, de estar «fuera de la ley» al fomentar las bajas insostenibles en las contrataciones e incluso de llevar a la quiebra a todo su sector. Sin embargo, estas críticas, más o menos vehementes, habían caído en saco roto hasta ahora y no habían tenido ningún efecto en los pliegos de los concursos públicos, una situación que está a punto de cambiar. Dentro del Acuerdo para la Competitividad Económica y Sostenibilidad Social, firmado el miércoles por el Gobierno regional, la Federación Asturiana de Empresarios y los sindicatos UGT y CC OO, el Ejecutivo autonómico se ha comprometido a dejar a un lado la subasta pura en sus contratos para incluir cláusulas sociales y otro tipo de condiciones, como atender al criterio de calidad-precio, dividir en lotes los contratos para facilitar el acceso de las pymes o exigir la justificación de las bajas temerarias. Este cambio no se realizará de la noche a la mañana, pero está previsto que las nuevas estipulaciones se incluyan en los pliegos de forma progresiva antes de fin de año.

Más contratación local

Según se reconoce en el documento de la nueva concertación social, el sistema de puja que hasta ahora utilizaba el Principado «ha provocado problemas de calidad y de la ejecución delas obras y en la prestación de servicios, así como situaciones de desprotección de trabajadores en las empresas contratadas». Con este cambio, los empresarios y los sindicatos esperan que Asturias deje de ser la única comunidad en la que la administración autonómica adjudica menos contratos a compañías locales que a las de fuera de la región -el 40% contra el 60%-, un hecho que también repercute en las listas del paro, ya que las firmas foráneas traen con frecuencia su personal de otras comunidades. Aunque la ley impide beneficiar a unas empresas sobre otras atendiendo a un criterio geográfico, lo que va en contra el principio de libre competencia, desde la patronal se defiende que la inclusión de estos nuevos criterios sí posibilitará que las compañías locales tengan más posibilidades.

Tanto la legislación española como la comunitaria van en la dirección de que la contratación pública debe avanzar en la búsqueda de la mejor relación calidad-precio y maximizar el valor social, un camino que pretende ahora seguir el Principado. En el documento de la concertación se subraya, además, que desde el pasado 18 de abril, aunque la Directiva 2014/24/UE del Parlamento y Consejo sobre Contratación Pública no haya sido traspuesta a la legislación española, la interpretación del derecho nacional vigente tiene que hacerse conforme a esa normativa europea que, precisamente, consagra que la contratación pública sea utilizada «en apoyo de los objetivos sociales comunes» y «en aras de una integración adecuada de los requisitos medioambientales, sociales y laborales». Así, en los contratos del Principado comenzarán a incluirse criterios de adjudicación que beneficien a una empresa sobre otra por su calidad, su contribución al medioambiente, a la inserción de personas en riesgo de exclusión, el menor número de contratos temporales en su plantilla o el mayor porcentaje de mujeres.