SERVIMEDIA 29.01.15

Además, añadió, podrán entrar en los locales y establecimientos comerciales y de ocio, centros de enseñanza, centros sanitarios y asistenciales, tanto públicos como privados, residencias, hogares y clubes para la atención a personas mayores, y en almacenes y establecimientos mercantiles, oficinas y despachos de profesionales.

El Consejo de Gobierno aprobó este viernes un proyecto de ley que recoge estas medidas y que ha contado con el apoyo del Consejo Asesor de Personas con Discapacidad y de las asociaciones de discapacidad.

Esta ley garantiza a las personas con discapacidad el derecho de acceso al entorno en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid cuando vayan acompañadas de perros de asistencia.

La norma contempla como perros de asistencia, además de los perros guía, los perros señal, adiestrados para avisar a personas con discapacidad auditiva; los perros de servicio, adiestrados para ofrecer apoyos en actividades de la vida diaria a personas con discapacidad física; los perros entrenados para avisar de una alerta médica a personas que tienen discapacidad y crisis recurrentes con desconexión sensorial derivadas de una enfermedad específica, como diabetes, epilepsia u otra enfermedad orgánica y, por último, los perros adiestrados para dar servicio a personas con trastornos del espectro autista.

Según este proyecto, los perros de asistencia para personas con discapacidad también podrán entrar en establecimientos hoteleros, albergues, campamentos, bungalows, apartamentos, ciudades de vacaciones, balnearios, camping y cualquier otro destinado a proporcionar, mediante precio, habitación o residencia para personas. Además, podrán entrar en las instalaciones deportivas, incluidas las piscinas hasta el margen de la zona de agua.

También podrán acceder a lugares y espacios privados de uso colectivo como zonas e instalaciones comunes de los edificios, fincas o urbanizaciones; dependencias e instalaciones de clubes, sociedades recreativas y cualesquier entidad titular de actividades deportivas, culturales, turísticas, de ocio y tiempo libre.

PUESTO DE TRABAJO

Asimismo, los usuarios de estos animales podrán acceder con su perro de asistencia a su puesto de trabajo. En este caso, la empresa deberá adoptar, si lo solicita la persona usuaria, aquellas medidas que faciliten la adaptación de su entorno laboral a la presencia del perro de asistencia.

Además, en el texto se indica que la persona con discapacidad que lleve su perro de asistencia en el trabajo tiene derecho a acceder con el animal a todos los espacios de la empresa y no puede ser discriminada en los procesos de selección laboral ni en el desempeño de su tarea profesional.

Victoria afirmó que este proyecto de ley contribuirá a que las personas con discapacidad mejoren su autonomía personal y puedan lograr una participación social real y efectiva, y agregó que con la aprobación de este proyecto normativo se cumple uno de los objetivos previstos en el III Plan de Acción para personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid.

“Esta ley se adapta a la realidad social cambiante, donde cada vez son más las personas con distintas discapacidades que, gracias al apoyo de un perro de asistencia, pueden mejorar su autonomía personal y participar más activamente en la sociedad”, dijo Victoria, quien añadió que “esta ley regula de forma muy exhaustiva los lugares donde se debe garantizar el derecho de acceso a las personas que van acompañadas de un perro de asistencia y los límites para el ejercicio de este derecho, y establece los derechos y obligaciones de los usuarios y las sanciones aplicables por no respetar la Ley”.

En España hay en estos momentos 1.030 usuarios de perros guía, de los cuales 232 residen en la Comunidad de Madrid. Victoria destacó que, además, la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) realiza una importante labor de formación de perros guía en su centro de Boadilla del Monte, donde se gradúan anualmente unos 115 perros, con independencia de que después vayan a prestar servicio a usuarios de la Comunidad de Madrid o de otras comunidades autónomas.

Asimismo, informó de que la Consejería de Asuntos Sociales ha financiado desde 2008 la adquisición de perros reproductores, la puesta en marcha de un laboratorio integral de reproducción con esperma congelado, la alimentación, atención veterinaria y cuidado de perros, con una inversión de 648.000 euros en el periodo comprendido entre 2008 y 2015.

Por otro lado, en los últimos años se ha ido extendiendo en la Comunidad de Madrid el uso de perros de asistencia que prestan servicio a personas con otras discapacidades además de la visual.

DISTINTIVO

En estos momentos, indicó, se estima que hay más de 60 prestando apoyo a personas con movilidad reducida y unos 50 que asisten a niños con trastornos del espectro autista. Victoria dijo que se está incrementando también el número de perros adiestrados específicamente para avisar de una alerta médica o para prestar apoyo a personas con discapacidades auditivas.

En el proyecto legislativo se señala que todos los perros de asistencia reconocidos por la Comunidad de Madrid deberán portar en el collar un distintivo oficial expedido por la Administración regional.

Asimismo, se entregará a los usuarios un carné acreditativo que identifique a cada usuario y a su perro con el objetivo de facilitar el ejercicio del derecho de acceso. La Administración regional creará también un registro específico donde se inscribirán los perros de asistencia y sus usuarios.

Según Victoria, teniendo en cuenta que la Comunidad de Madrid es sede de numerosos congresos, ferias y encuentros, tanto de carácter nacional como internacional, en la ley se contempla la posibilidad de que los usuarios de perros de asistencia que provengan tanto de otras comunidades autónomas como de otros países disfruten de los derechos y obligaciones previstos en esta ley durante su estancia temporal en la región, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

SANCIONES

Respecto a la sanciones, las infracciones previstas en esta nueva ley se clasifican en leves, que se sancionarán con multa de 50 a 400 euros; graves, que se sancionarán con multa de 400,01 a 2.000 euros, y muy graves, que se sancionarán con una multa de 2.000,01 a 10.000 euros.

Además, la imposición de cualquier sanción prevista en esta ley no excluye la responsabilidad civil y penal y la eventual indemnización de daños y perjuicios que pueda corresponder al sancionado, de conformidad con la normativa vigente.

Las sanciones se graduarán conforme al principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta los siguientes criterios: la existencia de intencionalidad o negligencia del sujeto infractor, la importancia o magnitud de los perjuicios causados, la reincidencia o reiteración, la trascendencia social de la infracción, el riesgo producido, el grado de conocimiento que de la actuación infractora tenga el sujeto responsable según su experiencia y actividad profesional, y el hecho de que se haya efectuado requerimiento previo de la actuación infractora.