EUROPA PRESS 31.01.24

De ello ha informado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, en rueda de prensa, después de que el Consejo de Gobierno haya solicitado un dictamen a la Comisión Jurídica Asesora antes de aprobar el proyecto de decreto.

El objeto de esta iniciativa del Ejecutivo autonómico es "conseguir que estos ciudadanos accedan y participen en la justicia en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad". Para ello, establece los requisitos, los principios de actuación y el modo de designación de estos profesionales.

Por ejemplo, deberán ser licenciados o graduados en Psicología, Derecho, Logopedia, Criminología, Trabajo Social, Educación Social o Terapia Ocupacional. Es más, con formación específica --cursos con una duración mínima de 100 horas-- en este ámbito.

El servicio de facilitador judicial estará incluido dentro del protocolo de peritos judiciales. Además, se formará a todos los psicólogos y trabajadores sociales de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delito (OAVD) para que ejerzan esta función y asistan a los individuos con discapacidad que tengan la posición de víctima.

La ley de 2021 por la que se reformó la legislación civil y procesal para el apoyo de personas con discapacidad, prevé que en los procesos judiciales en los que participen se realizarán las adaptaciones y los ajustes necesarios para evitar cualquier tipo de discriminación. El Gobierno regional cuenta en esta tarea con la colaboración y el asesoramiento especializado de diversas entidades con una dilatada experiencia.