EUROPA PRESS 30.06.23

Se trata de la primera vez que un órgano judicial en Cantabria acuerda la redacción de una sentencia en este formato, y lo hace en virtud de la ley que reformó la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ha informado el TSJC.

La Sala ordena que se recabe la intervención de las entidades que con dicha finalidad han suscrito protocolos de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial.

Según la sentencia, que ha sido notificada al representante legal de la demandante y que ahora será redactada a lectura fácil para que la trabajadora pueda comprender su contenido, la discapacidad de la mujer se ha agravado y a ella se han sumado nuevas dolencias.

Señala el tribunal que consta acreditado que la demandante sufre una discapacidad psíquica derivada de un retraso mental ligero y que se ha producido una agravación de la referida patología. Además, al cuadro residual se han añadido varias dolencias nuevas.

"Es evidente que el cuadro de la actora ha sufrido una agravación relevante, no solo mediante la adición de las dolencias que acabamos de describir, sino que, incluso, la dolencia que ya existía al tiempo de la afiliación, a su vez, se ha visto agravada", sentencia.

Por eso, el tribunal considera que "la conjunta valoración de las lesiones y secuelas objetivadas determinan el reconocimiento del grado absoluto de incapacidad", por lo que la Sala confirma la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Santander, que acordó una pensión vitalicia para la mujer del cien por ciento de la base reguladora.