euskadi.eus 26.06.23

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, ha abierto hoy la última sesión de trabajo del grupo de contraste que está elaborando el Plan de Acción del Gobierno Vasco para facilitar el acceso a la Justicia de personas con discapacidad. Desde hace tres meses, representantes de los diferentes ámbitos de la Justicia, instituciones, asociaciones y federaciones de personas con discapacidad están trabajando en la elaboración de este documento, que determinará las acciones necesarias para acercar la Justicia a la ciudadanía garantizando los derechos de todas a las personas. La elaboración de este plan se enmarca en las Líneas Estratégicas del Plan de Justicia para la CAV 2022-2028.

La primera reunión se celebró el pasado 17 de abril. Partiendo de un primer diagnóstico, cada colectivo hizo sus aportaciones particulares. Posteriormente, el segundo encuentro tuvo lugar el 29 de mayo. En él se pusieron sobre la mesa las conclusiones obtenidas en la jornada anterior y se trabajó sobre proyectos concretos para incluir en el documento final. La reunión de hoy ha servido para trabajar ese documento final y para acordar la creación de un Foro Intersectorial de Seguimiento, que velará por el cumplimiento de todas las acciones acordadas.

“Vuestras aportaciones están siendo sumamente valiosas. Sin ninguna duda, están enriqueciendo un Plan de Accesibilidad, que pretende ser referente; pero que, sobre todo, pretende ayudar a las personas que lo necesitan. Acercar la Justicia a la ciudadanía, ese es nuestro objetivo”, ha comentado la consejera, quien ha recordado que el Plan Estratégico de Justicia tiene como segundo nombre Justizia Gurea.

En este sentido, los grupos de contraste han estado compuestos por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana; la Fiscal Superior, Carmen Adán, la Secretaria de Gobierno del TSJ, Blanca Rosa Barbero –han trabajado junto a sus equipos-, así como por representantes de los tres Colegios de Abogacía, de la Procaduría y de Graduado Social.

En la parte institucional, además de la Dirección de Justicia del Departamento de Justicia, con Eugenio Artetxe a la cabeza, han estado representadas las diputaciones forales y los ayuntamientos a través de EUDEL.

Y, por último, las federaciones y asociaciones presentes han sido Edeka, Fevas, Euskal Gorrak, Salud mental Euskadi, Elkartean, Fevaspace, Atece, Fevapas, Once y Síndrome Down Euskadi. Su trabajo, de hecho, comenzó un tiempo antes, ya que han participado muy activamente en la elaboración de la encuesta de diagnóstico, punto de partida del trabajo de contraste.

Melgosa ha querido poner en valor este importante nivel participativo. “Este plan de accesibilidad está abocado al éxito; estáis todas las personas que tenéis que estar”, les ha dicho.

Acciones concretas

El Plan de Acceso a la Justicia para las personas con discapacidad tiene un tiempo de ejecución de tres años, hasta 2026. La creación del citado Foro Intersectorial no es, a juicio de la Dirección de Justicia del Ejecutivo vasco, el broche final de estos encuentros; por el contrario, se trata del “comienzo de un proyecto con vocación de permanencia”, que velará por el cumplimiento de los acuerdos acordados.

En este sentido, entre las acciones concretas se prevé la inversión de un total de 1.490.000 euros en la mejora de la accesibilidad de las sedes judiciales: 790.000 se destinarían en dos años (2024 y 2025) a la mejora de la señalética y a diferentes obras en los 17 Palacios de Justicia, y 700.000 se emplearían en incorporar apoyos tecnológicos en los próximos tres años (2024, 2025 y 2026).

Otra línea de actuación se centrará en la elaboración de un protocolo específico en la asistencia a personas con discapacidad detenidas, tanto en sede policial como en judicial. También se plantea crear una comisión de valoración con el Consejo Vasco de la Abogacía y los Colegios de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa para estudiar la realidad social existente en torno a la discapacidad en la CAV y la prestación del servicio público de Justicia Gratuita y, en su caso, crear un turno especializado en materia de discapacidad.

Asimismo, se pretende facilitar la disponibilidad de los apoyos necesarios en los procedimientos judiciales. Para ello, el plan recoge procedimientos de formación y homologación para las personas facilitadoras, así como la creación de un registro que, en caso de necesidad, estará operativo. También se realizará un mapeo de los recursos para organizarlos en pos de un servicio completo y eficaz en los partidos judiciales.

La previsión apunta hacia el próximo otoño como fecha para el inicio del desarrollo de los citados acuerdos.