VÍDEO DEL SEMINARIO

Organizan estos seminarios la Federación Española de Centros Especiales de Empleo (FEACEM), Inserta Innovación, y el Foro de Contratación Socialmente Responsable, en colaboración con diversas entidades territoriales de la Federación Empresarial Española de Asociaciones Centros Especiales de Empleo (ACECA, FEACEM CASTILLA LA MANCHA, CEGASAL Y FEACEM MURCIA) todas ellas patrocinadas con fondos europeos gestionados por la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES).

10:30 horas: APERTURA

- Concejal representante del Ayuntamiento de Huelva.

10:45 horas: MESA INSTITUCIONAL (Intervención de 10 minutos)

- Carlos Jesús Bonillo Robredo, Gerente del Instituto Nacional de Administración Pública

- Sara Rodriguez, Presidente de ACECA – Asociación de Centros Especiales de Empleo Andaluces

11:15 horas:  MESA REDONDA (Intervenciones de 15 minutos)

- Beatriz Martín Lorenzo, Letrada del Consejo Consultivo de Castilla y León y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León . Oportunidades de empleo para las personas con discapacidad por medio de las cláusulas sociales. Resoluciones y Sentencias más relevantes.

- Antonio Galiano Barajas, Director Jurídico del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona. Ejemplos prácticos de contratos reservados a CEEIS y otras cláusulas sociales a favor de la discapacidad. Propuestas para avanzar

- Pilar Pineda, directora de desarrollo de organización de FEPAMIC. La función social de los CEEIS: arraigo en el territorio, empleabilidad, retorno indirecto.  La calidad y profesionalidad de los CEEIS.

Moderador: Javier Blanco Díez, Gerente del Foro de la Contratación Socialmente Responsable
 

Colaboran la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

INTRODUCCIÓN AL SEMINARIO WEB

La contratación pública socialmente responsable ayuda a las administraciones públicas a proporcionar servicios y productos de calidad y obtener beneficios sociales adicionales sin aumentar el presupuesto social.

Se deben aprovechar al máximo las normas de contratación pública, a fin de que estos recursos redunden en los mayores beneficios sociales y económicos para todos, en concreto para las personas con discapacidad, cuyo colectivo es uno de los más afectados por la crisis. Por eso, hay que alejarse de una lógica basada en la búsqueda del precio más bajo e introducir consideraciones relacionadas con la integración social, la igualdad de oportunidades y el empleo justo e inclusivo de los más vulnerables, en especial de las personas con discapacidad.

La inclusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad es crucial para propiciar su participación activa en la sociedad, y una igualdad de oportunidades real. La tasa de actividad de las personas con discapacidad en Andalucía ha pasado del 28,6% en 2020 al 29,9% en 2021, aumentando la distancia con la tasa de actividad de las no discapacitadas ya que en 2020 era del 72,2% y en 2021, se situaba en el 74,4%. Estos datos definen un escenario de desventaja y de ausencia objetiva de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

De esta forma se evidencia que nos encontramos con un colectivo con importantes problemas de empleabilidad, muy vulnerable donde el 33% vive en situación de riesgo de pobreza, por lo que resulta imprescindible el desarrollo de políticas activas de empleo  máxime teniendo en cuenta la conjunción con la discapacidad de diversas variables como la edad, ruralidad o el género que conducen a un contexto de multi discriminación, cuya brecha se evidencia en un mercado de trabajo marcado por la especialización, la transformación digital y la crisis energética y de materias primas.

La Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 19 de octubre tiene como objetivo fundamental implementar en España una contratación pública íntegra y sostenible social y ambientalmente. Para ello, introdujo la posibilidad de incorporar de manera transversal y preceptiva cláusulas sociales a favor de las personas con discapacidad, así como la reserva de un porcentaje mínimo de determinadas actividades a Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y Empresas de Inserción.