SERVIMEDIA 11.11.22

Según informó la plataforma representativa de la discapacidad en España, Trabajo ha atendido las propuestas realizadas desde la sociedad civil de la discapacidad representada unitariamente por el Cermi tanto en la fase de audiencia pública del anteproyecto de ley por la que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad, como en la de interlocución directa mantenida estas últimas semanas, y no variará el régimen legal de las bonificaciones a la contratación laboral, que permanece intacto.

Esta entidad valoró que cualquier decisión normativa futura sobre las políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad se llevará a cabo a partir de las conclusiones y recomendaciones de Libro Blanco sobre Empleo y Discapacidad, en fase de elaboración en estos momentos, en el que participa el movimiento representativo de la discapacidad, y siempre en diálogo y consultas con los interlocutores sociales y el sector social representativo de la discapacidad.

En el marco de esta interlocución, el departamento dirigido por Yolanda Díaz, además, promoverá con celeridad una solución normativa para restaurar la asimilación legal entre situaciones de incapacidad laboral permanente de Seguridad Social y grado de discapacidad del 33%, a efectos laborales, que desapareció en 2018 a causa de una sentencia judicial que advirtió un defecto meramente formal en la norma que la aprobó en 2013.

“Recuperar esta medida contribuirá de modo muy positivo al empleo y la inserción laboral de personas trabajadoras con discapacidad sobrevenida”, enfatizó el Cermi.

El Cermi reconoció también la “actitud dialogante y receptiva” de Trabajo y de su titular, la vicepresidenta Yolanda Díaz, a las solicitudes y planteamientos del movimiento articulado de la discapacidad y se congratuló del “resultado exitoso del proceso de escucha que ha terminado en un consenso beneficioso para todas las partes”.

Finalmente, el Cermi agradeció el “compromiso activo demostrado estas últimas semanas de todas sus Organizaciones, estatales y territoriales, y de los operadores económicos de iniciativa social de la discapacidad, así como de la economía social, del tercer sector y de los agentes sociales, en defensa de un marco legal de bonificaciones imprescindible para mantener y aumentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, un grupo cívico muy castigado en términos de empleo que precisa de políticas vigorosas para promover más intensamente su acceso al bien básico del trabajo”.