obcp.es 09.11.21

La compra pública constituye un importante porcentaje del PIB (en torno al 20 por ciento) siendo por tanto una magnífica palanca de cambio y de impulso para la integración de la sostenibilidad en la actual fase de reconstrucción y recuperación económica en la que nos encontramos.

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 de la Agenda 2030 interpela a las Administraciones públicas a promover prácticas de contratación y de compra pública sostenibles y en concreto la Meta 12.7. Promoción por la Administración de prácticas de contratación y de compra pública sostenible como mecanismo para garantizar prácticas de consumo y de producción respetuosas con los límites del planeta y con los derechos humanos. 
 
En el nuevo modelo económico por el que abogamos prima la prosperidad compartida y esta se asienta en la cooperación y en la colaboración entre las empresas, el Estado, el Tercer Sector y las comunidades locales. Se requiere que la Administración pública ejerza su papel de liderazgo y motor activo en la cultura de la sostenibilidad social y ambiental.

En este papel de liderazgo en materia de sostenibilidad social y ambiental, el sector público ejerce, mediante el contrato público, de motor necesario para vincular el rendimiento económico con el compromiso social y la dirección ética de las empresas, poniendo en valor la gestión empresarial con propósito (así se ha venido destacando, también, por el Foro de Compra Pública Responsable).

La Comisión Europea publicó el 20 de mayo de 2021 la Comunicación COM (2021) 245 final, referida a su informe «Aplicación y mejores prácticas de las políticas nacionales de contratación pública en el mercado interior». En el Informe se concluye que "resulta fundamental aplicar de manera más estricta las consideraciones de la contratación pública estratégica a fin de contribuir a una recuperación integradora, promover una transición justa y fortalecer la resiliencia socioeconómica, en consonancia con el Pacto Verde Europeo como nueva estrategia de crecimiento para la UE”. El 18 de junio de 2021 se publicó la guía de la Comisión «Adquisiciones sociales — Una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones públicas — 2ª edición» (2021/C 237/01), en la que se incide en que “Con el fin de plantar cara a los retos sociales, las autoridades públicas deben redoblar sus esfuerzos para obtener buenos resultados en todos los aspectos de la sostenibilidad (sociales y éticos, medioambientales y económicos)”.

Por otro lado, la Unión Europea ha desarrollado unos mecanismos de financiación ordinarios y extraordinarios en sus presupuestos para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía. En la ejecución de esos fondos, la contratación pública juega un papel esencial. El Consejo de Europa, en el documento «Las Conclusiones del Consejo Inversión pública a través de la contratación pública: recuperación sostenible y reactivación de una economía de la UE resiliente (2020/C 412 I/01)» ha resaltado el papel de la contratación pública como herramienta para lograr una recuperación económica sostenible y resiliente e incide en que la transparencia, la rendición de cuentas y la competencia leal serán cruciales para garantizar el uso eficaz y eficiente de los recursos nacionales y de la UE para la transición ecológica y digital y para la cohesión social. Asimismo, insta a realizar inversiones públicas que fomenten la convergencia, la resiliencia y la sostenibilidad, tomando en consideración la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible; y pide a los Estados miembros que opten por aplicar de forma ambiciosa la nueva generación de formularios normalizados (formularios electrónicos), y que, cuando proceda y sea viable, incluyan como campos obligatorios ámbitos como la contratación pública ecológica, socialmente responsable e innovadora.

Todo ello requiere, como se viene insistiendo desde del Observatorio de Contratación Pública, planificación y una estrategia de objetivos realizables a medio y largo plazo, con especial atención a la medición de resultados. La Administración pública debe ser un actor coadyuvante en los cambios sociales, impulsando la justicia social y aportando valor de forma continua a la sociedad.

Actualmente se dispone de instrumentos legales que permiten el desarrollo de contratos públicos que potencien la contratación socialmente responsable:

-Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado 2018-2025. (Orden PCI/86/2019, de 31 de enero).

-Plan para el impulso de la contratación socialmente responsable (Orden PCI/566/2019, de 21 de mayo).

-Estrategia Nacional de Contratación Pública.

-Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (CM de 5 de junio de 2021).

-Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 (CM de 8 de septiembre de 2020).

-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

-Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

-Directivas europeas de contratación pública de 2014 y todo el soft law relacionado (comunicaciones, etc.). 

Sin embargo, a las Administraciones públicas no siempre les resulta sencillo incorporar esta estrategia en sus instrumentos de contratación debido a diversas barreras que es necesario abordar de forma inmediata, máxime en el contexto de gestión de los fondos europeos Next Generation.

La compra pública tiene la oportunidad de relanzar un nuevo modelo de servicios públicos inteligentes y circulares, que integren lo social, lo ambiental, la innovación y la equidad para avanzar hacia una sociedad realmente inclusiva. Por ello debe promover proyectos que cumplan con los objetivos de la Agenda Verde Europea, proyectos que permitan descarbonizar la economía, cumplir con los objetivos del Tratado de París, luchar contra la degradación de la naturaleza y de los ecosistemas, combatir la contaminación y promover la economía circular. De igual modo, los contratos públicos deben servir como escudo económico para proteger a los sectores productivos más castigados con la crisis COVID-19, en especial pymes y autónomos. En materia social, la compra pública debe ser responsable: debe regular las retribuciones mínimas del personal, prever la obligación de subcontratación con colectivos sociales vulnerables, garantizar plazos máximos de pago a proveedores, fomentar la contratación de colectivos en riesgo de exclusión social y la colaboración con entidades del Tercer Sector, promover la estabilidad y calidad en el empleo, mejorar la seguridad y salud laboral, promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres garantizando la conciliación familiar y laboral; asegurar la accesibilidad universal; definir criterios de comercio justo y evitar la adquisición de productos que causen deforestación en el marco del Acuerdo multilateral sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC y la Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública, entre otras cuestiones.

Por todo lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes abogamos por un sistema de contratación pública abierto, responsable, cooperativo, transparente, innovador, sostenible y transformador, y para ello, solicitamos la inclusión de requisitos mínimos en materia de gestión medioambiental, social, fomento de la innovación, promoción de la contratación con pymes, y de gobernanza en los contratos públicos en cumplimiento de lo previsto en la legislación vigente en materia de contratación pública socialmente responsable y el impulso de la misma, agotando al máximo el arsenal de instrumentos legales y administrativos que hoy están al alcance de las administraciones, permitiendo de este modo al tejido empresarial alinearse en pro de la sostenibilidad, permitiendo disponer de un lenguaje común y unos objetivos compartidos a la sociedad en su conjunto, y potenciando un modelo de producción y consumo más consciente y más sostenible. 

Propuesta

1. Entendemos la compra pública como una inversión y una oportunidad de transformación del actual modelo económico para encaminarnos hacia una economía resiliente, que permita afrontar los riesgos del futuro. Abogamos por una compra pública con inteligencia social.

2. Requerimos la definición de una estrategia de compra pública en un contexto económico globalizado y un contexto local amenazado, con una definición clara de objetivos sociales, ambientales y de innovación sobre los que se alineen los fondos públicos.

3. Solicitamos a los poderes adjudicadores una adecuada gestión del cambio que permita garantizar la profesionalización de los compradores públicos (centros de apoyo a la competencia), mejorar el acceso a los mercados de contratación mediante el impulso de la transformación digital de la administración, aumentar la transparencia, integridad y accesibilidad de los datos, e impulsar la colaboración y cooperación entre el sector público para potenciar la contratación de forma conjunta.

4. Pedimos integrar como regla general en las cláusulas de los contratos públicos requisitos que contemplen aspectos sociales y medioambientales, superando una estricta vinculación directa al objeto del contrato para combatir la precarización, deslocalización o falseamiento de la competencia, sin incurrir en discriminación. Igualmente, medidas para facilitar la participación de las pymes en la contratación pública y promover la innovación. Todo ello con una total garantía de integridad salvaguardada por la transparencia y la competencia.

5. Entendemos que en un futuro este nuevo modelo de gestión requerirá incorporar mediciones de impacto en los contratos con el fin de garantizar su cumplimiento, la transparencia y rendición de cuentas, así como medir el avance de la estrategia previamente requerida.

Y por todo ello, nos ponemos a disposición de las Administraciones públicas y en general de todo el sector público, para formar parte de la solución, para potenciar desde los distintos espacios de la sociedad civil en los que nos movemos el reconocimiento de estas buenas prácticas en la contratación pública que permitan construir un futuro que avance hacia una sociedad más justa, equitativa y resiliente, más fuerte ante la adversidad y, en definitiva, más sostenible.

Referencias

-Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

-Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.

-Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública.

-Directiva 2014/23/UE sobre la adjudicación de contratos de concesión.

-Directiva 2014/25/UE relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.

-Conclusiones del Consejo (2020/C 412 I/0)1 Inversión pública a través de la contratación pública: recuperación sostenible y reactivación de una economía de la UE resiliente.

-Guía sobre contratación socialmente responsable. DOUE 18 de junio de 2021.

-Comunicación de la Comisión Europea Directrices sobre la participación de licitadores y bienes de terceros países en el mercado de contratación pública de la UE (2019/C 271/02).

-Comunicación de la Comisión Europea Conseguir que la contratación pública funcione en Europa y para Europa. Estrasburgo, 3 de octubre de 2017, COM(2017) 572 final.

-Informe de la Comisión COM(2021) 245 final, Aplicación y mejores prácticas de las políticas nacionales de contratación pública en el mercado interior.

-Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado 2018-2025. Orden PCI/86/2019, de 31 de enero.

-Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable. Orden PCI/566/2019, de 21 de mayo.

-Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 (CM de 5 de junio de 2021).

-Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 (CM de 8 de septiembre de 2020)

-Instrucción 1/2018, para impulsar la contratación socialmente eficiente: estratégica, íntegra y sostenible en el Ayuntamiento de Valladolid y las entidades de su sector público.

-Buenas prácticas de contratación pública socialmente responsable. Making socially responsible procurement work - 71 good practice cases (2020/06).

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