SERVIMEDIA 06.10.21

Así lo expresa la plataforma de la discapacidad ante la sentencia conocida este miércoles en la sala quinta del alto órgano judicial de la Unión Europea sobre una cuestión que afectaba a la Ley de Contratos del Sector Público en España.

Esta legislación, aprobada en 2017 como consecuencia de las propuestas del Cermi y “que el legislador hizo suyas”, fue impugnada por la representación de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa privada, que “consideraban que les discriminaba al no poder acceder a este tipo de reservas de contratos y licitaciones públicas”.

En la impugnación de uno de estos contratos, explica, un juzgado del País Vasco entendió que podía haber una cuestión prejudicial, por lo que la sometió a un dictamen previo del Tribunal Europeo de Justicia para saber si la legislación española “podía o no colisionar con la europea y sus principios inspiradores”.

Tras analizar dicho asunto, el Tribunal Europeo de Justicia establece que la legislación española “es conforme” a la comunitaria, que “no hay colisión” y que los Estados miembro, en este caso, España, “pueden ir más allá de lo que establece la normativa común europea y añadir exigencias o requisitos específicos, siempre que respondan a los principios de proporcionalidad y adecuación debidamente justificadas”.

Por tanto, subraya el Cermi, “queda claro” que, en este punto, la legislación española de contratos públicos del 2017, “no colisiona con normas de la Unión Europea y puede seguir aplicándose sin ninguna duda acerca de su legalidad”.