La Comisión para la Reconstrucción Social y Económica se constituyó a finales del pasado mes de abril con el objetivo de la recibir propuestas, celebrar debates y elaborar conclusiones sobre las medidas a adoptar para la reconstrucción social y económica como consecuencia de la crisis de la COVID-19.

En los dos meses en los que ha desarrollado sus trabajos, la Comisión ha celebrado 12 sesiones, en las que ha acogido más de 25 comparecencias entre miembros del Gobierno, dirigentes de instituciones públicas y representantes del sector empresarial y sindicatos, entre otros. De forma simultánea, los cuatro grupos de trabajo, creados para agilizar los trabajos, han mantenido más de 30 reuniones, en las que han escuchado el testimonio de más de 100 personas entre eurodiputados, académicos, representantes de ONGs, sindicatos y organizaciones profesionales.

De igual forma, durante estos meses, el Congreso de los Diputados ha puesto en marcha un buzón abierto a la participación con el fin de recabar las propuestas de los ciudadanos para afrontar, desde todos los ámbitos, la respuesta a las consecuencias sociales y económicas provocadas por la pandemia, en el que se han recibido más de 600 aportaciones tanto de particulares como de asociaciones profesionales, organizaciones sociales y colectivos de distintos ámbitos, que desde su experiencia o área de trabajo, han planteado a la Comisión sus recomendaciones.

El Foro de la Contratación Socialmente Responsable, cuya finalidad es impulsar una contratación pública sostenible en lo social y en lo medioambiental, también ha participado activamente en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, cumpliendo un deber de ciudadanía que atañe a todos los sectores de la sociedad española, en la misión de contribuir colectivamente a dar respuesta al desafío extraordinario que la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales comportan para nuestro país.

Así, consciente del volumen de fondo público que se va a activar en los próximos meses, ha propuesto que toda la contratación pública que lleven a cabo las administraciones públicas y demás poderes adjudicadores se haga con criterios sociales y medioambientales de sostenibilidad. Para ello se han apuntado un conjunto de medidas que pretenden servir de base para la transformación de la contratación pública hacia un modelo de sostenibilidad y eficiencia en la gestión del gasto público.

En particular, se ha solicitado a la Comisión que en sus conclusiones acoja la idea de que toda la contratación pública que se lleve a cabo, con ocasión de los fondos que se movilicen para paliar los efectos de la pandemia, por las administraciones públicas y demás poderes adjudicadores, ha de hacerse con criterios sociales y medioambientales.

En definitiva, que todo ese flujo inversor de los poderes públicos, dirigido a contrarrestar los efectos negativos causados por la Covid-19, ha de ser social y medioambientalmente sostenible, acelerando el tránsito del conjunto de nuestro sistema productivo hacia un orden socioeconómico más innovador y equitativo.

Y esto es algo que, finalmente, ha quedado recogido en las conclusiones sobre Reactivación Económica de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que establecen la necesidad de promover la contratación pública social y medioambientalmente responsable para alcanzar un modelo de gestión más eficiente del gasto público, en cumplimiento de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, y de las directivas europeas correspondientes.

El Foro ConR está seguro de que tal previsión contribuirá a reforzar y maximizar los objetivos de la Ley en lo que a la contratación responsable se refiere y a multiplicar los efectos beneficiosos del esfuerzo de inversión pública que, con el impulso del Acuerdo europeo recientemente concluido, se va a realizar en los próximos años para contrarrestar las consecuencias de la pandemia que aún padecemos.