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EUROPA PRESS 12.06.19
Delgado ha defendido así el papel que su Ministerio debe jugar durante la presentación de la 'Guía de fácil uso de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad para operadores jurídicos', elaborada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Para la titular de Justicia, aunque se hayan producido avances en la protección de las personas con discapacidad, estas siguen teniendo severas dificultades de acceso a bienes sociales básicos, así como al ejercicio regular de derechos fundamentales.
Según Delgado, como sucede en otros órdenes sociales, las mujeres y niñas con discapacidad se encuentran sistemáticamente en peor situación que los varones en las mismas condiciones, singularmente quienes son víctimas de la violencia de género.
EL GOBIERNO SE FIJA LA INCLUSIÓN COMO UNA "PRIORIDAD"
En este sentido, la ministra ha recordado algunas de las medidas aprobadas por el Ejecutivo durante la anterior legislatura para promover que las personas con discapacidad sean ciudadanos de pleno derecho.
Así, ha destacado la creación de la figura de Fiscal de Sala Coordinador de las personas con discapacidad y mayores en situación de vulnerabilidad, que recibirá las denuncias que afecten a estos colectivos y determinará las medidas de coordinación y acciones pertinentes.
Por el camino, según la propia Delgado, están otras medidas como el Anteproyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, que es "una prioridad" del Gobierno de Pedro Sánchez para la nueva legislatura.
Esta norma pretende modificar aspectos del Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley del Registro Civil para llevar a cabo una adecuación definitiva del ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Por último, Delgado ha recordado el informe sobre las políticas de discapacidad presentado por el Gobierno ante el Comité de la ONU que vela por el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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