SERVIMEDIA 25.05.19

Se basa en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y presta especial atención a los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.

Como puntos más novedosos, destaca el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad en situación de dependencia a disponer de un asistente personal; la promoción de los perros de asistencia para fomentar su autonomía, o la promulgación de un sistema de multas para sancionar los actos discriminatorios contra las personas con discapacidad, como los espectáculos donde estas son ridiculizadas.

Establece tres tipos de infracciones: leves (que serán sancionadas con multas de 300 a 30.000 euros); graves (con multas de 30.001 a 90.000 euros), y muy graves (de 90.001 a un millón).

Como ejemplos de las infracciones más leves, figuran el incumplimiento de las disposiciones que impongan la obligación de adoptar normas internas en empresas, centros de trabajo u oficinas públicas, así como el uso indebido de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.

Entre las graves, destacan “la coacción, amenaza, represalia o cualquier forma de presión" ejercida sobre quienes hayan entablado o pretendan entablar cualquier clase de acción legal para exigir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades; obstaculizar la acción de los servicios de inspección”, y “las vejaciones infligidas a las personas por motivo o por razón de su discapacidad”.

Las sanciones muy graves tienen que ver con vulneraciones de los derechos fundamentales por razón de discapacidad; “las acciones que deliberadamente generen un grave perjuicio económico o profesional o un daño físico para estas personas, o la imposición de condiciones o cargas humillantes para acceder a los bienes y servicios a disposición del público.

En el plazo de un año tras la entrada en vigor de esta Ley, la norma establece que “se presentará un proyecto de Ley que regule el uso de los perros de asistencia por personas con discapacidad en Aragón”.

Finalmente, incluye también la elaboración de un plan especial de accesibilidad por parte de la Universidad, así como de un plan de empleo específico y la existencia de un servicio de inserción laboral, con el establecimiento de porcentajes en la contratación pública y Formación Profesional.