En el informe de Naciones Unidas sobre discapacidad y desarrollo, publicado en 2018, el secretario general, Antonio Guterres, advierte que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) solo se podrán alcanzar con la plena participación de todas las personas. Dice que es un imperativo moral defender los derechos y asegurar la plena inclusión de los 1.000 millones de personas con discapacidad que vivimos en el mundo. Y que, además, esta inclusión va a beneficiar a toda la población.

En el documento se recomienda que, para que se cumplan los ODS, incluyendo a las personas con discapacidad, además de eliminar las principales barreras que causan la exclusión, hay que integrar esta perspectiva en la implementación de los ODS, invirtiendo en el seguimiento y evaluación de este enfoque y dotando con recursos financieros, tecnología, fortalecimiento institucional, coherencia de políticas e institucional, y colaboraciones entre las distintas partes implicadas.

España se ha examinado hace bien poco ante el Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad sobre el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas al respecto. En relación al artículo 32, el organismo ha pedido al Gobierno que explique sus políticas de inclusión en la implementación de la Agenda 2030.

El informe de España incluye una serie de acciones que se han llevado a cabo, pero no hay una estrategia que marque el camino a seguir. La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) ha aprovechado esta oportunidad para redactar un documento para el Comité acerca del cumplimiento del artículo 32 y ha pedido que en las recomendaciones finales que los expertos le hagan a España, soliciten la elaboración de una estrategia de inclusión de las personas con discapacidad en la cooperación española.

¿Y por qué es necesaria esta cooperación internacional inclusiva? Miremos los ODS 1 y 10: lucha contra la pobreza y la desigualdad. Según un informe de 2018 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPA) sobre el panorama social, la región es la más desigual del mundo, por encima de África subsahariana. Aunque las desigualdades globales se han ido reduciendo desde 2000, en la mayoría de países lleva estancada desde 2014. En algunos países, como República Dominicana, las desigualdades se han incrementado.

Esto quiere decir que tenemos poblaciones vulnerables, como las personas con discapacidad, que no se están beneficiando del desarrollo económico que ha venido experimentando la región en los últimos años. Si seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, con la misma voluntad política, con los mismos enfoques de diseño y planificación de políticas públicas, lamentablemente no se alcanzará a las 1.000 millones de personas con discapacidad que hemos sido dejadas atrás.

Todos los ODS tienen que ver con la discapacidad, especialmente si queremos combatir la pobreza y el fin de las desigualdades. Pero para alcanzar la meta, hay que invertir desde ahora mismo en la educación de niños y niñas con discapacidad para que en 2030 puedan acceder a un empleo en igualdad de condiciones.

Hay que trabajar para que el mercado laboral sea inclusivo y que las personas con discapacidad estén en el centro de las políticas públicas. Es necesario a trabajar en red, coordinando entre las organizaciones, el sector público y las empresas, es una cuestión de voluntad y de querer poner el foco donde hay que ponerlo.

¿Qué medidas debemos implementar para que la cooperación para el desarrollo sea inclusiva? Lo primero es eliminar las barreras de todo tipo. Ocurre cuando un país cuenta con una ley que no está adecuada a la Convención o, cuando a pesar de contar con una buena normativa para la defensa de nuestros derechos, se incumple, ya sea parcialmente o de forma sistemática en determinados aspectos, como ocurre con la accesibilidad universal, el empleo o la educación, por poner algunos ejemplos.

En segundo lugar, debemos contar con las organizaciones de personas con discapacidad a la hora de diseñar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas, de todo tipo, incluida la monitorización de los ODS. Además, es necesario que haya una dotación de recursos: hay que financiar la Agenda 2030, las políticas, programas y proyectos con fondos, no solo son intenciones.

En cuanto a la formación y la creación de capacidades, es necesario que las instituciones públicas, privadas, así como las organizaciones de derechos humanos, los legisladores y técnicos que se dedican a la cooperación, conozcan la discapacidad desde un enfoque de derechos. En este sentido, Cocemfe ha conseguido capacitar a más de 300 personas sobre cooperación para el desarrollo y discapacidad pero, evidentemente, hay muchas más a las que deberíamos llegar.

Por último, es clave la sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad entre la población en general: porque hay una agenda y una convención internacional que marcan nuestro desarrollo, como personas y como sociedad.

Estamos en un momento clave para que el desarrollo sea inclusivo con las personas con discapacidad en todo el mundo. Vamos a aprovecharlo, no podemos dejar pasar el tren, es el momento de no dejar a nadie atrás.