lavanguardia.com 27.02.19
Los artífices de esta iniciativa solicitan al Ejecutivo comunitario que "elabore un acto legislativo sobre un marco común de la UE para la educación inclusiva, que garantice que ningún niño se quede a la zaga en lo que se refiere a los servicios de intervención precoz, la educación y la transición hacia el mercado laboral", según un comunicado.
Denuncian que mientras más de 70 millones de ciudadanos de la UE presentan una discapacidad y 15 millones de niños tienen necesidades educativas especiales, muchos de ellos "se enfrentan a barreras excesivas en (...) su derecho a una educación inclusiva de calidad".
La decisión de la Comisión Europea de registrar esta iniciativa ciudadana significa la admisibilidad jurídica de la propuesta, no su aprobación.
Tras el registro de esta iniciativa, que se producirá oficialmente el próximo 4 de marzo, comenzará un periodo de un año durante el que los organizadores tendrán que recoger un millón de firmas de apoyo, procedentes de al menos siete Estados miembros diferentes.
Una vez finalizado el plazo, la Comisión deberá decidir, en un plazo de tres meses y de manera justificada, si cursa la solicitud.
La Comisión Europea introdujo las iniciativas ciudadanas europeas en 2012, en el Tratado de Lisboa.
Los requisitos para admitir propuestas es que entren dentro de las competencias de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico, que no sean abusivas, frívolas o temerarias, y que sean acordes a los valores de la Unión Europea.
La Comisión podrá decidir dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá justificar su decisión.
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