cadenaser.com 12.02.19

En el proceso participativo han tomado parte 915 personas desde que se puso en marcha en la primavera de 2018 y en él se ha prestado especial atención a la perspectiva territorial y a la de género.

Según los datos aportados en el diagnóstico, en abril del año pasado había en Navarra 32.229 personas con certificado de discapacidad, un 5 por ciento de la población, y se calcula que en 2030 la cifra llegará a 36.165 personas.

Este nuevo plan pretende dar respuesta a sus necesidades y avanzar en un modelo de atención preventivo e integral, orientado a mejorar la calidad de vida promoviendo la autonomía personal y tratando de evitar o retrasar procesos que limitan una vida independiente.

El plan busca asimismo lograr que las personas con discapacidad alcancen la máxima inclusión social, en igualdad de condiciones que el resto de la población.

Y para ello la Administración Foral, junto a las entidades colaboradoras, las personas con discapacidad y la ciudadanía en general, se proyecta como una referencia en el desarrollo de una atención integrada y centrada en la persona, donde los servicios y los recursos se organicen de forma transversal y coordinada para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad.

El plan se rige así por los principios rectores impulsados por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: inclusión social, derechos humanos, vida independiente y accesibilidad universal tanto para entornos como para procesos, bienes, productos y servicios.

El plan incide también en otros principios rectores como la prevención para reducir la aparición de deficiencias o disminuir los posibles efectos derivados de las mismas como la pérdida de autonomía, y la perspectiva de género para reducir las desigualdades.

Otros principios son el ciclo vital, teniendo en cuenta las necesidades individuales y del entorno familiar, y el territorio para favorecer la equidad en el acceso a los servicios, las infraestructuras y los recursos.

Con estos principios, el plan se estructura en 7 áreas de actuación que persiguen dar respuesta a las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad, mejorar su salud, prevenir secuelas de la discapacidad, proporcionar una educación inclusiva, aumentar la tasa de empleo, impulsar la participación social y cultural, mejorar las condiciones de accesibilidad, e incorporar la discapacidad de forma transversal en políticas y servicios.

Estas áreas de actuación, se organizan en 24 líneas estratégicas, con una propuesta inicial de 244 actuaciones para los distintos departamentos y un calendario para los cuatro años de vigencia del plan.

Ente las medidas, mejorar la detección temprana, la valoración y orientación de las personas con discapacidad, acercar los servicios a los usuarios, y proporcionar recursos de apoyo con mayores ayudas económicas y un sistema de préstamo, intercambio, reparación y reutilización.

Se quiere además desarrollar un modelo de atención integral y personalizado, implantar de forma progresiva el servicio de teleasistencia avanzada, crear unidades de convivencia en atención diurna y habilitar un servicio de intervención familiar.

Otras acciones pasan por ofrecer recursos de vivienda y residenciales, por la coordinación e integración intersectorial y multinivel de la servicios sociales, educativos, sanitarios, de empleo y de vivienda, y crear una guía de entidades y un protocolo de coordinación entre la administración las asociaciones del sector, todo ello junto a acciones formativas dirigidas a los profesionales.