Periodicoclm.es – S.J. - 21.03.18

El Gobierno de Castilla‑La Mancha ha aprobado este martes el proyecto de su ley "con más alma". Concretamente, el Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García‑Page ha dado luz verde a su normativa de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad, que garantizará la tutela y el apoyo residencial para aquellas personas con discapacidad que tienen limitada su autonomía en la toma de decisiones y que no tengan familia.

Una legislación pionera y novedosa en España con la que Castilla‑La Mancha vuelve a poner sobre la mesa, como ya hiciera con la primera iniciativa legislativa europea contra la violencia de género, "un avance cualitativo en derechos", dando respuesta a la "angustia" de muchos padres de personas con discapacidad sobre lo que pasará con sus hijos cuando ellos falten, máxime cuando la esperanza de vida ha aumentado. Así lo ha subrayado el propio García-Page durante su comparecencia, junto a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y el equipo de la Consejería, para presentar el proyecto de ley recién aprobado.

La nueva normativa tiene como objetivos garantizar un sistema de apoyos y residencial para las personas con discapacidad gravemente afectadas, más de 35.000 actualmente en la región. Para conseguirlo, detallaba la consejera de Bienestar Social, se elaborará para cada persona un "plan de futuro", en el que su familia y un agente mediador puedan manifestar sus preferencias para esa persona de cara al futuro, cuando sus cuidadores ya no estén.

Se trata de una ley que va a decir con claridad a los padres, madres y familiares directos de personas con discapacidad que tienen limitada su autonomía, que pueden vivir "tranquilos" porque cuando llegue el momento "en esta tierra será un derecho que sus hijos sean perfectamente atendidos, sin excusa presupuestaria", detallaba el presidente autonómico por su parte.

Para ello, en el marco de esta ley se crearán unidades de orientación y apoyo, se dotará al sistema con plazas de agentes mediadores, y se habilitará una oficina regional, cuya sede será la Fundación Sociosanitaria, estableciéndose asimismo un registro de planes de futuro regional.

Por su parte se ofrecerá también una garantía residencial para aquellas personas con discapacidad que no tengan capacidad para la toma de decisiones y que no cuenten con apoyos familiares, de modo que no solo tendrán el acceso garantizado a la red residencial de la región, sino que tendrán preferencia frente a otros usuarios.

Medidas que se implementarán desde la Consejería de Bienestar Social en colaboración con la de Sanidad, y para las que el Presupuesto de 2018 ya contempla una partida de 5 millones de euros, con los que se crearán no solo las unidades de orientación y apoyo y la oficina regional, sino también las plazas especializadas en centros asistenciales. Así, desde el departamento que dirige Sánchez se crearán más de 400 plazas residenciales especializadas, en centros de día y de atención temprana; mientras que desde la Consejería de Sanidad se habilitarán otras 85 plazas para personas con trastorno mental.

Así, desde que entre en vigor la ley, se pondrá en marcha un proceso de "acompañamiento" para los cerca de 36.000 beneficiarios potenciales y sus familias, para avanzar de la mano en un proceso que "evite esa incapacidad, que explore al máximo sus capacidades" y que cuando llegue el momento tengan garantizada una asistencia y recursos residenciales.

La normativa tiene que hacer que los castellano-manchegos "nos sintamos orgullosos de una tierra" que compite con otras en ser los primeros "en corazón", apostillaba García-Page.  Una ley para cuya puesta en marcha la Administración regional está "razonablemente preparada", con la que se convertirá en derecho "algo que cualquier ciudadano de la calle pueda pensar que ya estaba reconocido".

Pero desde el Gobierno regional se pretende ir más allá, y por ello Emiliano García‑Page avanzaba que este derecho formará parte del nuevo Estatuto de Autonomía, y se comprometía como presidente autonómico y dirigente político a que, cuando en España se abra la discusión sobre la Constitución, sea reconocido también como "derecho irrenunciable".

Un marco legal en el que no se esperará a que surja un problema, sino que los servicios de la Consejería trabajarán en la "tutela y acompañamiento" de las familias para la creación de este plan de futuro.

En este sentido, apuntaba que se actuará "de oficio". Reconocía el presidente regional que no podrá ser algo "de un día para otro", sino que habrá que ir avanzando "de manera progresiva y con sentido común", teniendo presente que habrá gente en la Administración previendo el futuro, "a plena conciencia con los ciudadanos".

DOS AÑOS DE TRABAJO

Este proyecto de ley, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, cuenta con 19 artículos, agrupados en tres títulos, a lo que se suman dos disposiciones adicionales y otras dos disposiciones finales. Un texto normativo sobre el que se comenzó a trabajar en el primer semestre de 2017, para lo cual se crearon diversos grupos específicos, en los que tomaron parte las entidades tutelares, las consejerías de Sanidad y Bienestar Social, así como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). Grupos de trabajo que dieron lugar a un borrador del anteproyecto de ley, el cual fue sometido a consulta previa, entre las entidades del sector, para que entre el 28 de junio y el 18 de julio del pasado año pudieran opinar al respecto.

El anteproyecto de ley fue finalmente sometido a información pública del 2 al 30 de octubre de 2017. Periodo en el cual se presentaron un total de 26 alegaciones, de las cuales fueron aceptadas 21, incorporándose así al texto el 80 por ciento de las consideraciones realizadas.

Propuestas, ha detallado la consejera, que en buena parte tenían que ver con la terminología empleada en el documento, así como menciones a la accesibilidad que deben tener los documentos del plan de futuro para cada una de las personas beneficiarias de esta ley.

El pasado mes de diciembre, el Consejo de Gobierno aprobaba el anteproyecto de ley, que asimismo ha recibido los preceptivos informes de las direcciones generales de Presupuestos y Función Pública, de la Secretaría General, el informe de Impacto de Género, del Gabinete Jurídico y al dictamen del Consejo Consultivo.

Pasos previos todos ellos a la aprobación de ayer, por parte del Consejo de Gobierno, del proyecto que ahora se envía a las Cortes para su tramitación parlamentaria, en la cual confían contar con el apoyo unánime de todos los grupos políticos. Se trata, concluía Sánchez, de "la ley más social de Castilla-La Mancha", una ley que "da tranquilidad a las familias" garantizando "la protección, el apoyo y el futuro para las personas con discapacidad".