SERVIMEDIA 02.03.18

Para lograr estos objetivos se prevé la incorporación de criterios sociales en la contratación pública que incentiven a las empresas a desarrollar una gestión socialmente responsable. Este órgano se crea en el marco de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas europeas que establecen el nuevo marco jurídico en materia de contratación. Esta ley plantea la condición de la contratación pública como instrumento para establecer estrategias de carácter social.

En esta Comisión, que ha sido creada a propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, están representados todos los Ministerios, el Consejo Nacional de la Discapacidad, cuya representación recaerá en el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), y la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector

Sus funciones serán el análisis, aplicación y seguimiento de las cláusulas sociales en la contratación pública. Para ello, la Comisión podrá elaborar propuestas y recomendaciones, que a su vez se podrán elevar al Consejo de Ministros, así como informes, estudios o guías de aplicación.

Además, la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública podrá colaborar con expertos, interlocutores sociales, entidades y organizaciones públicas y privadas.