20minutos.es 20.12.16

Esto supone destinar más de 2,2 millones de euros para la contratación de servicios en un total de 23 centros especiales de empleo y empresas de inserción de la región.

Así ha quedado de manifiesto tras la firma, este lunes en el Palacio de Fuensalida, del acuerdo entre el Gobierno regional y FEACEM, CERMI y el Consejo Territorial de la ONCE, acuerdo que será aprobado este martes en Consejo de Gobierno.

Tras la firma, que también ha estampado el presidente regional, Emiliano García-Page, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha destacado que las áreas de actividad objeto de los contratos, o lotes de los mismos, que pueden reservarse a centros especiales de empleo y empresas de inserción son servicios de mantenimiento y conservación de zonas verdes; almacenamiento; lavandería y planchado; restauración, catering y hostelería; recogida y transporte de residuos; digitalización y tratamiento documental; servicios auxiliares y conserjería y suministro de ropa de trabajo.

Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, Ruiz Molina ha explicado que los contratos de limpieza y mantenimiento de los edificios administrativos no se han podido incluir por el momento en este acuerdo, pero que cuando vuelvan a tener que ser adjudicados también se añadirán y, por lo tanto, supondrá reservar a estos centros y empresas el 6% de 27 millones de euros.

Se trata de la primera vez que el Gobierno regional incluye la reserva a centros especiales de empleo y a empresas de inserción la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos de la Junta de Comunidades.

Tras defender que con lo suscrito este lunes el Gobierno regional avanza "en los principios de solidaridad y en conseguir una sociedad más justa con la contratación pública", el consejero ha recordado que con este acuerdo se ejecuta un mandato que venía establecido en la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2016 y que también se recogía en un acuerdo aprobado el pasado mes de octubre por el Consejo de Gobierno para la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública.

Ruiz Molina ha puesto en valor que desde la aprobación de los Presupuestos de la región para este año y hasta llegar a la firma de este acuerdo se ha llevado a cabo "un trabajo complejo" por parte de los técnicos de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y las organizaciones firmantes para analizar a qué se dedican los centros especiales de empleo y las empresas de inserción y, de acuerdo con su objeto social, determinar de qué tipo de contratos públicos de la Administración regional pueden ser adjudicatarios.

"La puesta en práctica de este acuerdo va a reforzar la actividad de los centros especiales de empleo y las empresas de inserción en más de dos millones de euros, con lo que tiene esto de positivo para las personas con discapacidad", ha destacado Ruiz Molina.

Por último, Ruiz Molina ha resaltado que con este acuerdo se favorece el empleo de las personas con discapacidad, al tiempo que se aumenta la eficiencia del gasto de la Administración, objetivo que siempre deben tener los gestores públicos.

En la actualidad, Castilla-La Mancha cuenta actualmente con una de 92 Centros Especiales de Empleo, de los que 73 son empresas de inserción. En ellos que trabajan más de 3.700 personas, de las que 3.374 son personas con algún tipo de discapacidad.

REDUCCIÓN DEL 12% DEL DESEMPLEO

De su lado, el presidente de Castilla-La Mancha ha destacado que durante 2016 se ha conseguido, gracias a las diferentes medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo regional, reducir un 12% el número de personas con discapacidad en situación de desempleo. "Vamos a un paso más acelerado en este que en otros colectivos", ha agregado.

El presidente regional, tras asegurar que el presupuesto regional para 2016 tenía mucha "más alma" que los de los últimos años y que los de otras administraciones, ha defendido que Gobierno de Castilla-La Mancha "no es neutral en la actividad económica", al considerar que los presupuestos, "tanto en sus ingresos como en gastos tienen que obedecer" a sentimientos y objetivos "colectivos" y tener el máximo grado posible de "humanidad e inteligencia", aunque, ha avisado, sin "ser partidarios de ningún modelo de corte planificador comunista".

Según García-Page, con esta "discriminación positiva" se da un paso más en favor de las personas con discapacidad, mostrándose confiado en que lo suscrito este lunes "sea un ariete para que otras administraciones" se sumen en la contratación pública.

Y es que el titular del Ejecutivo autonómico ha puesto en valor que con esta reserva del 6% a centros especiales de empleo y empresas de inserción se posibilita que éstos puedan contratar a las personas con discapacidad, que, además, ha agregado, "lo piden más que mucha otra".

La gente con discapacidad, que en Castilla-La Mancha serían unas 183.000 personas, está deseando trabajar, ha puesto en valor García-Page, que ha incidido en que la decisión que está tomando el Gobierno regional es que "tienen preferencia unos a otros en el acceso al empleo, en función de su necesidad".

Luego de aludir a la celebración de la Ley de Dependencia, que según ha dicho presenta unas carencias que habrá que ir haciendo evolucionar, García-Page ha indicado que la Ley de Tutela Judicial Efectiva para las personas con discapacidad de Castilla-La Mancha, una de las más emotivas de la legislatura "está en el horno".

"Tiene que haber un circuito de integración, razonablemente tutelado, a caballo entre lo público y lo privado, que es lo que se está cristalizando con este acuerdo", ha finalizado García-Page, que ha considerado que el mismo tiene "altura histórica".

AUMENTAR LA EMPLEABILIDAD

De su lado, el presidente de la Federación Empresarial Española de Asociaciones de Centros Especiales de Empleo en la región (FEACEM-CLM), Pedro Jesús Sáez Cruz, ha agradecido el esfuerzo del Gobierno región para cerrar este acuerdo que supone un cambio de modelo importante, pues de este modo pasa de apoyar el empleo para las personas con discapacidad a través de subvenciones a apoyar la gestión que estos centros hacen del empleo.

Mientras, la presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, tras precisar que, sin empleo no hay dignidad para las personas con discapacidad, ha valorado que con este acuerdo se favorezca el acceso al empleo de este colectivo.

Mientras, el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en la región, José Martínez, ha defendido que medidas como la firmada este lunes son formas "valientes" de creer en las personas con discapacidad, considerando que el talento también está de un bastón blanco o de una silla de ruedas.

Martínez ha finalizado precisando que la tasa de empleo entre las personas con discapacidad se sitúa en el 38 por ciento y que el objetivo es conseguir llegar al 50 "como sea". "Esto nos va a ayudar al igual que el resto de iniciativas", ha concluido el responsable de la ONCE, que se ha mostrado confiado en que el resto de administraciones, como las locales, emulen este acuerdo.