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20minutos.es 29.11.16
Así lo ha dado a conocer la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha avanzado además que se pondrá en funcionamiento una nueva modalidad de pago de subvenciones y convenios en materia de discapacidad a todas las entidades sin fin de lucro.
Hasta ahora, las subvenciones y pagos se hacían en tramos, pero a partir de ahora se pagará un 40% como anticipo y a partir de ahí se abonarán pagos mensuales. En cuanto a acceso al empleo, ha recordado una de las novedades introducidas en la contratación de la Junta, y es que ahora en los pliegos pesarán de forma significativa las acciones que tengan que ver con el acceso a la contratación de personas con discapacidad.
Se ha acordado además ampliar prácticas prelaborales en el Gobierno y se establecerán mejoras el acceso del empleo a personas con discapacidad con nuevas líneas de acción que se van a desarrollar desde la Consejería de Empleo, Empresas y Economía.
TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO
También se ha acordado la aprobación de un proyecto de Decreto para regular las concesiones de tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, a la que ahora también podrán optar entidades sin ánimo de lucro que trabajen con estas personas.
Sánchez ha precisado que en Castilla-La Mancha hay 28.384 personas con discapacidad o problemas de movilidad, de los que 21.043 cuentan con tarjetas de estacionamiento en vigor.
Además, el nuevo decreto permitirá hacer uso de estas tarjetas a aquellas personas que aunque no tengan movilidad reducida necesiten acudir a centros hospitalarios a tratarse con frecuencia enfermedades graves, según ha detallado.
PETICIONES DEL CERMI
De su lado, la presidenta del CERMI en Castilla-La Mancha, Cristina Gómez, ha explicado a los medios las peticiones desde su entidad al Gobierno autonómico. Entre ellas, se encuentra la exigencia de una atención temprana integral y en familia, modelos de educación más inclusivos o una formación "adaptada" a las realidades de las personas con discapacidades diferentes.
En cuanto a acceso al empleo, piden una reserva del 6% de plazas en la contratación pública, incentivos a la contratación de este sector y una oferta de empleo público específica con al menos 50 plazas para el colectivo.
Asistencia en grandes instalaciones públicas para discapacitados, un desarrollo "equilibrado" desde el Estado de la Ley de Dependencia o "transversalidad" en las políticas de género para que incluyan también a mujeres con discapacidad, son otras de las cuestiones que el CERMI ha planteado a la consejera de Bienestar Social.
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