valenciaextra.com 12.02.19

De este modo, el Ayuntamiento de Silla pretende convertir la responsabilidad social en una parte esencial de sus políticas municipales.

Las instrucciones aprobadas prescriben la aplicación sistemática de cláusulas sociales de forma transversal a todos los departamentos del Ayuntamiento. De este modo, a partir de ahora para todas las futuras contrataciones públicas implementarán cláusulas sociales y medioambientales sobre diferentes aspectos. Un ejemplo sería que los criterios de adjudicación se prevé que, en caso de empate en la concesión del contrato, tendrá preferencia la empresa que acredite que, además de su solvencia técnica, tiene en plantilla un número de personas con diversidad funcional superior al 2%. Si, además, esta relación laboral está formalizada con un contrato de carácter fijo, tendrá preferencia la empresa que reúna ambos criterios.

Otro ejemplo sería que, como condiciones necesarias de capacidad que debe tener la persona o la empresa adjudicataria durante la elección del contrato, se preverán aspectos como el hecho de no haber sido condenada mediante sentencia firme por diferentes delitos de diferente índole y el hecho de no haber sido sancionada con carácter firme por infracción grave en materia profesional, como podría ser: falseamiento de la competencia, de integración laboral, de igualdad de oportunidades, etc.

En cuanto a las obligaciones del adjudicatario, se destacan los siguientes aspectos: uso no sexista del lenguaje; la no utilización de publicidad ilícita que atente contra la dignidad de las personas, especialmente sobre las mujeres; disponer de un plan o políticas de igualdad; y, finalmente, cumplir la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano, y el Reglamento municipal sobre el uso y normalización de esta lengua en el municipio (BOP núm. 101, de 30 de abril de 1994).

La inspiración normativa se encuentra en la norma ISO 26000 sobre Responsabilidad Social, que tiene por objetivo fortalecer las materias fundamentales en este ámbito, como son: el respeto y la defensa de los derechos humanos; velar por el cumplimiento de la legalidad y la justicia en las prácticas laborales; vigilar el respeto y la preservación del medio ambiente; prestar atención a la igualdad de género mediante el trato equitativo entre mujeres y hombres; establecer mecanismos de discriminación positiva para la integración laboral de las personas con diversidad funcional; asegurar el desarrollo de la comunidad y garantizar la transparencia, etc.

Según el espíritu de esta norma, una organización pública debe ser especialmente consciente de los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible. Por ello, el concejal de Transparencia, Comunidad y Participación, afirma que «esta preocupación debería trasladarse a las organizaciones y empresas que sean seleccionadas mediante la contratación pública».