diaridetarragona.com 30.12.18

El próximo miércoles termina el plazo que tienen las empresas para presentarse a la licitación de las obras de mejora del barranco del barrio Montserrat. En el pliego de condiciones administrativas, una de las cláusulas contempla la «obligación de contratar, como mínimo, a una persona que esté en el paro». Y no es el único caso.

Trabajos como los que se realizan en la zona de juegos de Mas Mainer o en la plaza de la Sang también tienen la obligatoriedad de contar con una persona parada.
Estos tres ejemplos muestran la determinación del Ayuntamiento  a la hora de apostar por las cláusulas sociales en la contratación pública. De hecho, la concejal de Serveis Socials, Montserrat Vilella, explica que Reus fue una de las ciudades pioneras a la hora de incorporar criterios que beneficien a los colectivos más vulnerables. 

Todo empezó el año pasado tras aprobarse una moción en el pleno que pedía introducir cláusulas sociales en todos los contratos públicos y de obligado cumplimiento para las empresas adjudicatarias. «Son una garantía que tenemos para ofrecer las mismas oportunidades a todos los ciudadanos», manifiesta Vilella, quien añade que la voluntad política es continuar en la misma dirección ya que «no supone ninguna desventaja sino un beneficio». Cabe señalar que esta medida también busca bonificar a las empresas que son más sensibles con las políticas sociales. 

De momento, este año se han adjudicado varios contratos que incluían este tipo de cláusulas. No obstante, el consistorio está a la espera de que se defina la nueva Ley de contratación pública, que se espera que obligue a la aplicación de este tipo de criterios en todos los contratos públicos.

En este sentido, desde el Ayuntamiento explican que los técnicos municipales se están formando y que, en algunos casos, participan como ponentes en jornadas sobre la Ley de Contratos del Servicio Público (LCSP).

Mención a parte también para los contratos reservados de carácter social que el Ayuntamiento  mantiene, por ejemplo, con la Associació de persones amb discapacitat ‘Taller Baix Camp’ o la Assemblea Local de la Creu Roja, que lleva a cabo servicios de transporte adaptado.