Lavozdeasturias.es – R.A. - 19.06.16

La ciudad se suma así a la lista de municipios que siguen las recomendaciones europeas y la legislación nacional sobre la valoración de las propuestas de las firmas que aspiran a obtener contratos públicos. En Asturias, Avilés es el municipio que más ha avanzado por ese camino.

El boletín oficial de la comunidad autónoma publicó este viernes la salida a licitación del contrato para el mantenimiento de las aceras y las zonas peatonales de Oviedo, un objetivo al que el ayuntamiento destinará más de un millón de euros este año. Según sus condiciones, el precio final que ofrezcan quienes presenten propuestas pesará un 75% en la valoración de las ofertas, mientras que la otra cuarta parte dependerá de la adecuación de los aspirantes a otros objetivos de la administración. Mejorará la puntuación, por ejemplo, la contratación de perceptores de rentas mínimas, mujeres víctimas de la violencia de género, mayores de 45 años o discapacitados cuyas dolencias no impidan realizar los trabajos. En otros apartados, se tienen en cuenta la formación de los trabajadores y los horarios previstos, así como la vinculación de licitantes con el municipio: las empresas radicadas en él reciben un bonus de puntos y, en menor medida, esa gratificación se extiende a las firmas cuya sede esté en los concejos vecinos, a menos de 20 kilómetros de la ciudad.

Es la primera licitación que tiene en cuenta todos esos factores, pero no será un caso aislado. El equipo de gobierno trabaja ya en un protocolo novedoso para extender esa forma de actuar a todas las adjudicaciones municipales. El documento está en manos de los concejales responsables de las áreas de Hacienda (Rubén Rosón, Somos) y Contratación (Ana Rivas, PSOE) y, en cuanto esté listo, se convertirá en una instrucción general que se hará llegar a todos los departamentos del Ayuntamiento para que lo incorporen a su forma habitual de trabajar. Fuentes municipales añaden que las bonificaciones incluidas en el contrato de las aceras no son las únicas posibles. Otras administraciones fijan requisitos medioambientales o priman a las empresas que no se descuelgan de los convenios colectivos de su ámbito de actividad.

La mejora de ese tipo de incentivos a las políticas sociales y laborales de las empresas ha figurado en un lugar destacado de la agenda del tripartito desde sus primeras semanas en el gobierno. De entrada, el nuevo equipo de gobierno decidió que, en los contratos que cambien de manos, el nuevo prestatario debe subrogarse a los trabajadores que ya realizaran esas labores para el anterior. Aunque la inclusión en los procesos licitadores de condiciones sociales y medioambientales ajustadas a los objetivos y las políticas generales de las administraciones forma parte de una estrategia europea desde 2004 y se incorporó a la legislación española en 2007, Oviedo ha hecho poco uso de ella hasta ahora. El equipo de gobierno señala que no existía esa costumbre en la etapa del PP al frente de la ciudad. El Gobierno autonómico también ha anunciado esta primavera un impulso a esas cláusulas en las obras y los servicios de su competencia que contrate en el futuro.

Uno de los motivos de ese lento despegue es la resistencia de las empresas. En Madrid, algunas empresas recurrieron ante el tribunal administrativo de esa comunidad autónoma los requisitos establecidos en el último año por el equipo de Manuela Carmena para los contratistas del ayuntamiento de la capital española. Los salarios de los trabajadores, entre otros criterios, dan puntos en las adjudicaciones de la ciudad. Los jueces han fallado que esas condiciones no son obligatorias ni hacen inevitable que las firmas cambien sus condiciones de trabajo. El tribunal, por el contrario, señaló que el marco es igual para todo el mundo y que, al mejorar las condiciones de los asalariados, mejoran también la calidad del servicio. La sentencia descarta que sea abusivo o gravoso premiar a una empresa por tratar mejor que otras a su plantilla. Madrid, entre otras cosas, concede más puntos a las compañías que se atienen a los convenios colectivos.