lavanguardia.com 24.12.20

Además, la línea de trabajo específica con jóvenes extutelados ha facilitado la transición hacia su emancipación de 1.128 jóvenes procedentes del Sistema de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, ha informado la consejería.

Más de la mitad de las personas atendidas en el programa son mujeres, entre las que se alcanza un índice de inserción del 53,79 % frente al 46,21 % de hombres.

Un total de 59 entidades sociales de toda Andalucía han participado a lo largo del año en este Programa, impulsando la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social, con discapacidad o víctimas de violencia de género.

Este programa, impulsado por la Fundación “la Caixa”, se inició en 2006 en Andalucía y está coordinado por la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.

“Incorpora” ofrece un servicio personalizado de apoyo a la empleabilidad e intermediación entre las personas desempleadas en riesgo de exclusión social con más de 1.900 empresas colaboradoras en 2020 que, en plena pandemia, siguen apostando por la Responsabilidad Social Empresarial a través del empleo.

La red, que integra en Andalucía a 192 técnicos especializados, ha facilitado desde enero de 2020 la contratación de 5.240 personas con un elevado nivel de vulnerabilidad, proporcionando una respuesta inmediata y adaptada a la crisis derivada de la pandemia.

Desde el programa se trabaja con una metodología participativa e integradora, a través de sus diferentes líneas: Incorpora Joven, Reincorpora, Salud Mental y Autoempleo e Incorpora ofrecen las herramientas necesarias para que cada persona beneficiaria recorra el camino que mejor se adapte a su situación, necesidades y competencias.

Las personas a las que se dirige el programa, comparten una situación de exclusión o riesgo de exclusión y pertenecen a diferentes colectivos vulnerables.

Entre ellos hay personas con discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastorno mental, migrantes, jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y personas privadas o ex privadas de libertad.