teinteresa.es 19.12.14

La presidenta de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputado, Lourdes Méndez, aseguró que el objetivo fundamental es que “se haga mucha política sobre discapacidad, pero sin utilizar estos temas para hacer política”. Méndez explicó que la comisión que preside ha trabajado en múltiples ámbitos como turismo, tráfico, empleo, o vivienda, “siempre bajo el amparo de la tutela de los derechos de las personas con discapacidad”, a la vez que reconoció como reto la trasposición de la legislación en materia de discapacidad a los mandatos de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

El presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, señaló que estas comisiones son “muy útiles tanto simbólicamente como pragmáticamente” para que “la discapacidad esté más y mejor posicionada en la agenda pública” a través de los parlamentos y dar así visibilidad a un colectivo “invisibilizado”.

Además, afirmó, se trata de “un elemento de cohesión muy valioso, al margen de visiones políticas partidistas” y ha animado a los parlamentos regionales que todavía no disponen de una comisión de estas características a su creación.

David Atienza, presidente de la Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad de Castilla-La Mancha, destacó por su parte la aprobación de la Ley de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, al tiempo que señaló como fundamental que “quien legisle conozca el sector y que se tenga en cuenta a las personas con discapacidad en cualquier legislación que les afecte”.

El trabajo realizado por la Comisión Permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la Asamblea de Madrid fue analizado por Leonor Pérez, secretaria general del Cermi Madrid, quien puso en valor el hecho de disponer de una comisión específica, al tiempo que recordó la necesidad de impulsar la transversalidad de la discapacidad y la importancia de trasponer la normativa autonómica en este ámbito a la Convención de la ONU.

Refiriéndose al caso de Galicia, el presidente del Cermi Galicia, Anxo Queiruga, afirmó que el desarrollo de políticas públicas en materia de discapacidad es “una cuestión de derechos y de concienciación” y, en este sentido, ha matizado que “no siempre el factor económico es determinante” sino que en muchos casos se trata de “una cuestión de pura voluntad política”.

En lo que respecta al Parlamento de Canarias, Ignacio González, presidente de la Comisión de Estudio de la Discapacidad del Parlamento de Canarias, aseguró que debe darse “un cambio de mentalidad en los legisladores en todos los niveles local, autonómico y estatal”, que permita “el trabajo en red del movimiento asociativo las y conexiones fluidas entre parlamentos”.

En el caso de Murcia, Violante Tomás, presidenta de la Comisión Especial de la Discapacidad de la Región de Murcia, destacó como hito, por primera vez en la historia, la presentación conjunta de todos los grupos políticos de enmiendas a los presupuestos de la región en materia de discapacidad, así como la incorporación de un representante del Comité Regional de Personas con Discapacidad (Cermi) en el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.

La presidenta de la Comisión especial no permanente sobre discapacidad del Parlamento de Cantabria, María Mercedes Toribio, subrayó, por último, el informe de adaptación de la normativa autonómica a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha contado con la colaboración de Cermi Cantabria.