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El decreto pretende acabar con la incertidumbre y las multas inesperadas que, según han advertido reiteradamente las asociaciones de discapacitados, se encuentran muchos titulares de estas tarjetas al aparcar en espacios reservados para este colectivo cuando se desplazan fuera de su ciudad de residencia habitual. Esto se debe a que cada comunidad autónoma tiene su propia regulación sobre el uso de este documento y los derechos que otorga, hasta el punto de que en algunas ciudades solo son válidas las tarjetas que emite el propio Ayuntamiento.

El real decreto incluye además, por primera vez, un supuesto de concesión excepcional de una tarjeta de estacionamiento provisional para personas que sufren movilidad reducida por enfermedad durante un periodo de tiempo concreto, pues con frecuenta se tarda más en tramitar una tarjeta de lo que duran esos problemas de movilidad transitorios.

En este supuesto, la tarjeta tendrá un carácter provisional (de un año) y se concederá a las personas que presenten movilidad reducida, aunque esta no haya sido dictaminada de manera oficial, por causa de una enfermedad de extrema gravedad que suponga una reducción sustancial de su esperanza de vida y no permita tramitar en tiempo la solicitud del documento. La patología deberá ser certificada por un médico de los servicios públicos de salud.

Estas nuevas medidas se enmarcan dentro de la Estrategia Española sobre Discapacidad aprobada por el Consejo de Ministros el pasado septiembre, que se desarrollará en una primera fase de 2014 a 2016 y otra de 2017 a 2020. El plan establece un paquete de iniciativas para promover el empleo, la educación y la accesibilidad en este colectivo.