EUROPA PRESS 09.03.22

En defensa de esta reforma legal, a la que el Consejo de Gobierno dio el visto bueno el 8 de abril de 2020, ha intervenido ante el Pleno la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, quien ha detallado que este proyecto de ley modifica la citada Ley de los Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía en sus artículos 85.2 y 50.3.

Según ha concretado, las modificaciones realizadas por su Consejería supondrán el establecimiento de sanciones por el uso indebido de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida --en la mayoría de los casos, cometido por un tercero--, y la adaptación de la norma a la legislación europea sobre la obligación de personal en las gasolineras, sin rebajar por ello las exigencias de accesibilidad universal que deben reunir todos los productos y servicios a disposición del público, según ha remarcado.

La representante del Gobierno andaluz ha subrayado que la tarjeta de estacionamiento para las personas con movilidad reducida es personal e intransferible, su uso está limitado al transporte del titular y está totalmente prohibida su cesión a terceros o su uso si el titular no es transportado, pese a lo cual se ha detectado su uso indebido por una tercera persona, ya sea la tarjeta original sin transportar al titular o, directamente, una fotocopia.

Frente a esta situación, el régimen sancionador de la Ley se limita a la retirada de la tarjeta, culpando al titular y dejando impune la infracción o uso indebido cometido por el tercero.

Con esta modificación, según defiende la Junta, se evita que todo el peso de las sanciones recaiga sobre las personas titulares de las tarjetas, si no es el responsable, mediante sanciones con cuantías económicas recogidas con carácter estándar; en concreto, infracciones leves con multas de entre 301 euros en su grado mínimo y 30.000 en su grado máximo; infracciones graves con multas de entre 30.001 y 90.000 euros dependiendo del grado, e infracciones muy graves que pueden llegar a alcanzar el millón de euros.

ESTACIONES DE SERVICIO

Junto a ello, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha determinado la modificación de la Ley de Discapacidad, donde se recoge que las instalaciones en las que se pongan a la venta combustibles y carburantes deben contar, en todo caso, con personal debidamente cualificado que asista a las personas con discapacidad, puesto que la normativa europea establece que los requisitos que obliguen a tener un número mínimo de personal empleado deben ser suprimidos de los ordenamientos de los Estados miembros.

Se trata, por tanto, de modificar la redacción del artículo 50.3 para que sea compatible con la libertad del establecimiento, "sin rebajar por ello las exigencias de accesibilidad universal que deben reunir todos los productos y servicios a disposición del público".

De lo contrario, la Comisión Europea podría continuar el proceso de oposición a este artículo que comenzó con la apertura del Proyecto Piloto 9146/17/GROW, Estaciones de Servicio Automáticas, que derivaría en la apertura de un procedimiento de infracción al Derecho de la Unión Europea, según ha explicado la consejera.

NINGUNA ENMIENDA A LA TOTALIDAD

En el turno de intervenciones de los grupos, el diputado del PSOE-A Juan José Martín Arcos ha reivindicado el "importante impulso" que a la "discriminación positiva" de las personas con discapacidad dio el anterior Gobierno socialista con la citada Ley 4/2017, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que "fijaba una hoja de ruta que satisfacía muchas de las reivindicaciones de los colectivos" a los que ésta se dirigía, y cuyo "potencial" no está aprovechando el actual Ejecutivo, según ha opinado.

No obstante, Martín Arcos ha explicado que el Grupo Socialista comparte el objetivo de "adaptar" ahora dicha ley a la directiva europea, aunque mantiene "muchas dudas" sobre lo que plantea la reforma que se tramita en relación a las gasolineras accesibles, según ha avisado.

En representación del PP-A, el parlamentario Rafael Caracuel ha subrayado que "era necesario ajustar la norma autonómica" que se reforma con esta ley "ante el insistente requerimiento" de la Unión Europea, y al hilo ha advertido de que "no son pocas las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad en las gasolineras desatendidas", y en esa línea ha señalado que "habría sido deseable la aprobación de este proyecto de ley por lectura única por la urgencia de adaptar esta normativa a la europea", pero ha lamentado que no ha sido posible por la negativa del PSOE-A, según ha criticado.

Por parte de Cs, la diputada Mercedes López ha defendido que la modificación que introduce este proyecto de ley "era una reivindicación histórica" de las asociaciones de personas con discapacidad, y ha proclamado que este 9 de marzo, una vez más, "vuelve a ser Ciudadanos quien viene a hacer justicia con un proyecto de ley que viene a garantizar parte de los derechos de muchas personas con discapacidad". En esa línea, ha defendido que el actual Ejecutivo de PP-A y Cs es "serio, responsable y empático con los derechos de las personas con discapacidad", y "mientras esté" esa coalición de gobierno, "así se hará política en Andalucía para mejorar la calidad de vida de todas las personas".

El parlamentario de Unidas Podemos Jesús Fernández ha aprovechado para lamentar que la Comisión sobre la Discapacidad del Parlamento se reúna cada dos meses y que el Gobierno no comparezca en ella de manera habitual, y ha lamentado que el proyecto de ley haya tardado seis meses en llegar a la Cámara autonómica cuando estaba elaborado desde septiembre de 2021 y gozaba de consenso. Ha acusado además al Ejecutivo autonómico de tener 2.715 millones en el "cajón sin ejecutar del pasado año" en relación con las políticas sobre discapacidad. Ha alertado de que, para el Gobierno andaluz de PP-A y Cs, la atención a las personas con discapacidad "está en el vagón de cola" y es la "última de sus prioridades y preocupaciones".

Por último, la diputada de Vox Ana Gil ha querido dejar claro que su partido siempre acoge con responsabilidad las leyes que supongan mejora para la vida de la gente, pero ha lamentado que en este país haya distintas normas autonómicas sobre la atención a las personas con discapacidad, con distintos plazos para el acceso a las ayudas o en relación con las listas de espera. Por ello ha defendido la necesidad de centralizar esta legislación, con normas comunes para todas las regiones que eviten situaciones de discriminación en función del territorio. Ha denunciado que las personas con discapacidad de Andalucía son las "más perjudicadas" de España porque en esta comunidad es donde menos recursos se ponen en marcha.