Aunque esta guía se traducirá en decreto dentro de seis u ocho meses, los criterios que se fijan ya rigen en algunos concursos en vigor como el de telefonía. Se trata de que el Ayuntamiento haga valer su capacidad de contratación con empresas —que ronda el millón de euros anuales— para favorecer un modelo productivo que respete los derechos de las personas y busque el máximo retorno social y ambiental.

El primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello —que se ha reunido con las entidades junto con la alcaldesa, Ada Colau, y el concejal de Presidencia, Eloi Badia— ha destacado el hecho de que sea una herramienta “avanzada” tanto en Cataluña como en España. Y entre las medidas que se prevén, ha resaltado la garantía de que el Ayuntamiento pagará directamente a las empresas subcontratadas, en caso de impago por parte de la empresa principal. Pisarello ha destacado esta medida como apoyo a las pymes, ya que son el tipo de empresa que se acostumbran a subcontratar.

Además, las empresas que quieran trabajar para el Ayuntamiento tendrán que observar otros criterios, como la estabilidad de la plantilla, los salarios justos, la contratación de personas vulnerables —como parados de larga duración o personas con discapacidad— o la compra ética.