diariocordoba.es 03.12.14

La nueva ley, que derogará la normativa vigente de 1999, pretende promover un cambio de perspectiva de las políticas de discapacidad pasando de un enfoque asistencial a otro que prima los derechos de este colectivo, adaptándose a los principios de la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad.

Entre otras medidas, la Junta reservará el 5% de sus contratos relacionados con servicios como logística, jardinería o lavandería a los centros especiales de empleo de personas con discapacidad, así como un 4% de las viviendas de protección oficial, y un 3% de las plazas de los cursos de formación.

La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, dijo en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se trata de una ley "más humana", que "favorece" la igualdad de oportunidades y desarrolla medidas para la no discriminación, dirigidas especialmente a los menores y las mujeres, que "se ven doblemente discriminados".

La nueva normativa, que se remitirá al Parlamento en el primer semestre del 2015, obligará a la Junta a elaborar un plan específico de empleo para este colectivo, afectado por una tasa de paro del 43%. A la vigente reserva del 7% de plazas en las ofertas de empleo público, el anteproyecto añade obligaciones específicas de organización y adaptación de estos puestos y de sus dependencias y equipamiento físico.

Entre los derechos regulados en la nueva norma destaca el de la igualdad de oportunidades y no discriminación, que contará con un régimen sancionador autonó-mico con multas que oscilan entre los 301 euros de las faltas leves a los 300.000 euros para las muy graves que supongan la prohibición de acceso o la carencia de espacios reservados para personas con discapacidad.

En materia de educación, se prohíbe que los centros docentes denieguen el acceso a sus servicios o actividades por motivo de discapacidad.