La Comunidad de Madrid presenta este viernes un plan para la integración de personas con discapacidad en el mercado ordinario. El programa está compuesto por 15 medidas que buscan la mayor implicación de las empresas en la contratación de este colectivo, que en 2019 sumaban 56.317 personas en la región. Los sindicatos lo han recibido con optimismo, aunque lleven “años pidiéndolo”. “Habrá que ver cómo se pone en marcha”, dice Eva López, de UGT. “Lamentamos, eso sí, que lo anuncien sin el conocimiento de los agentes de diálogo sociales”, añade Ana González, de CC OO.

“Hasta ahora se venían aprobando medidas por separado, pero se hacía necesario un plan que las englobara a todas para dar una respuesta integral a las necesidades de este colectivo”, explica el consejero de Economía y Empleo y Competitividad, Manuel Giménez.

De hecho, este proyecto lleva tiempo estudiándose, y por fin la Comunidad de Madrid ha echado a andar. El 4 de diciembre se reunió el Consejo Asesor de la región, al que pertenecen tanto sindicatos como el Comité Español de Representantes con Discapacidad (CERMI), la ONCE o plataformas como Plena Inclusión, además de representantes de la Administración autonómica. Allí ya se vislumbraron algunas medidas que mañana presentarán Giménez y el consejero de Políticas Sociales, Javier Luengo, en una rueda de prensa en Fundación Juan XXIII. Ahora se trata, en definitiva, de vigilar más concienzudamente que no se cometan abusos laborales con personas con discapacidad como el de hace un año en Palacio Real.

Una de las medidas más novedosas será la implantación de la figura del “tutor personalizado”, cuya función consiste en acompañar a la persona con discapacidad durante los tres primeros meses de contrato. De esta forma, se busca el seguimiento de la plena incorporación del trabajador con discapacidad a su nuevo entorno de trabajo, fuera del centro especial de empleo y ya dentro de una empresa ordinaria. Se trata de una “tutorización” durante los primeros meses en ese nuevo marco laboral. Esta iniciativa comenzará en 2021 de forma experimental con diez tutores y un presupuesto de 250.000 euros. Se pondrá a prueba para evaluar su eficacia.

Más inspecciones

Otra de las medidas del plan que se pondrá en marcha será el refuerzo de la actuación de la Inspección de Trabajo en la vigilancia del cumplimiento de la cuota de reserva de trabajadores con discapacidad en plantillas de empresas de 50 o más trabajadores. Es decir, el cumplimiento de la reserva de puestos de trabajo que propicien la integración de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario. Todas las empresas de más 50 trabajadores, públicas o privadas, están obligadas por ley a contratar un mínimo de un 2% de trabajadores con discapacidad y se enfrentan a una multa de 6.250 euros si lo incumplen.

Según fuentes de la Administración, en 2021 la Comunidad de Madrid incrementará un 300% las actuaciones destinadas a comprobar el cumplimiento de la normativa específica destinada a la integración, así como el respeto de sus derechos en el mercado laboral. Además, se recoge la puesta en marcha de subvenciones en el Instituto regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) para la adaptación de los puestos de trabajo que ocupan personas con discapacidad. El presupuesto correrá a cargo del IRSST y se concretarán con la entrada en vigor del VI Plan Director de Prevención de Riesgos laborales y la publicación de las bases reguladoras.

“Es una muy importante que por fin salga este plan”, resume López, secretaria de Políticas Sociales de UGT. “¿Se van a llevar a cabo bien? Eso habrá que verlo, estaremos atentos. Pero que se ponga en marcha es una buena noticia porque estamos hablando de la vida de muchas personas. Hoy son ellos, pero mañana nos puede tocar a nosotros. Conozco el caso de una mujer que se quedó sorda tras un accidente de tráfico y con un bucle de sonido su situación se ha mejorado y no es nada complejo. Solo hay que poner intención”.

Ana González, secretaria de Política Social y Diversidad en CC OO, añade que a priori es buena noticia que se ponga en marcha un plan de empleo en el mercado ordinario para personas con discapacidad, aunque recuerda que “la medida del 2% es una reclamación sindical histórica”. “Todo esto nos puede parecer interesante, pero no es de recibo que no hayan contado con los agentes de diálogo sociales, que somos la patronal y los sindicatos, que representamos a todos los trabajadores”.

Estas medidas afectarán al menos a 56.317 personas con alguna discapacidad, según los datos de afilados a la Seguridad Social de 2019. Unos 38.000 ya trabajaban en el mercado ordinario, casi 4.000 eran autónomos y, el resto, estaban contratados por una empresa especial de empleo, que está obligada a tener una plantilla de un 70% de trabajadores que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

“Este plan nos va a permitir ser más eficaces a la hora de garantizar el acceso de estas personas a nuestro mercado laboral”, promete Giménez. El consejero recuerda, además, que se trata de “un colectivo al que, cuando se le da la oportunidad, se implica al 200%”, como se ha visto, asegura, “durante los meses más duros de esta pandemia acudiendo para ensamblar las piezas de los respiradores que luego salvaban vidas en Ifema”.