larazon.es - Andrea Garrote - 16.11.22

Sin embargo, esta problemática existente pudo agravarse aún más hace tan solo unos días cuando el Gobierno anunció su intención de acabar con las actuales bonificaciones e incentivos para la contratación de los pertenecientes a este colectivo. Así, 1,9 millones de trabajadores y decenas de miles de empresas y centros de empleo se quedarían sin la posibilidad de acceder a estos incentivos, lo que provocaría un “efecto devastador” en el empleo de estas personas. Pese a esta afirmación inicial, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero apareció como un rayo de esperanza para este colectivo, asegurando que no se eliminarían las bonificaciones al empleo para personas con discapacidad.

Esta última decisión anunciada por la ministra ha supuesto todo un alivio para trabajadores y empresarios, dado que la contratación de personas con discapacidad trae consigo una serie de ventajas para las compañías. La primera de ellas es que la compañía que cuente con personas con discapacidad en sus plantillas, obtendrá una preferencia en la adjudicación de contratos del sector público tal y como establece la ley 30/2007. Además, esto supone “una apuesta rentable”, ya que proporciona diferentes bonificaciones a la cuota de la Seguridad Social, beneficios fiscales y subvenciones.

Incentivos de hasta 10.000 euros

Los beneficios económicos que puede recibir la empresa tras la incorporación de una persona de este colectivo dependerá de múltiples factores como el tipo de contrato, así como el grado de discapacidad.