EUROPA PRESS 30.11.21

Para repasar qué ha supuesto este programa y preparar la edición de 2022, el presidente de la institución provincial, Carlos Carlos, y la diputada de Asuntos Sociales, Amelia Molero, se han reunido este martes con los ayuntamientos y las 6 asociaciones expertas en la integración, que colaboran en el plan.

"Es necesario evaluar las políticas que implantamos para mejorarlas, y hacerlo recogiendo vuestras opiniones, demandas y sugerencias", ha manifestado el presidente en la reunión que ha tenido lugar en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña.

Este plan ha cumplido sus cuatro años y ahora se trabaja para, en las próximas semanas, sacar las bases y la convocatoria de la quinta edición con el objetivo de ayudar a la contratación en el medio rural de personas con alguna discapacidad, "de modo que contribuyamos al crecimiento del empleo inclusivo y la cohesión social", ha dicho el presidente.

Carlos Carlos ha incidido en que "no es un plan de empleo al uso, es un plan para la inclusión y para fomentar la autonomía de personas que si ya tienen dificultades en una gran ciudad para encontrar un trabajo, muchas más tienen en los pueblos, en el medio rural".

De este modo, el presupuesto anual asciende a 1.500.000 euros para que los ayuntamientos puedan crear y adaptar puestos de trabajo con este fin, a lo que se suman 99.000 euros que van destinados a las seis asociaciones de discapacidad presentes en el territorio, que son las que prestan a los ayuntamientos asesoramiento técnico en la contratación, en la adaptación de los puestos de trabajo y en el seguimiento durante el proceso de inserción sociolaboral, como son AIDIM, APTO, Mensajeros de la Paz de Extremadura, ASDIVI, ASPAINCA y PLACEAT.

El presidente de la diputación cacereña ha recordado que en estas cuatro primeras ediciones se han realizado 1.200 contratos "a personas que lo tienen más complicado que otras, y tiene menos oportunidades, al tener alguna discapacidad y residir en el entorno rural". Un dato que resulta de las 240 personas, aproximadamente, que han sido contratadas anualmente en la provincia.

BRECHA DE GÉNERO

Por su parte, la diputada Amelia Molero ha insistido en la necesidad de poner en marcha medidas que ayuden a mejorar y a avanzar en la "inclusión verdadera". En este sentido, ha puesto de relieve la existencia, a juzgar por los análisis realizados, de una brecha de género en el empleo según el sector laboral.

"Por un lado se observa mayor porcentaje de contrataciones de hombres, pero, además, si hablamos de trabajos de servicios múltiples, se concentran en los hombres, mientras que en las mujeres solo se concentra el sector de limpieza, una brecha que tenemos que combatir", ha dicho.

Asimismo, Molero cree que se puede trabajar más para adaptar puestos de trabajo con cierta cualificación, "porque vemos que son de baja cualificación, cuando muchos de ellos pueden ejercer en otro tipo de trabajo", así como trabajar por el aumento de la inserción de personas con alguna discapacidad psíquica o sensorial, que, por la experiencia, lo tienen más complicado que las que tienen una discapacidad física.

En esta línea la diputada ha señalado unos puntos en los que trabajar de forma especial de cara a la quinta convocatoria como son la mejora de la coordinación entre ayuntamientos y asociaciones; reforzar los procesos de sensibilización social; implementar un verdadero proceso de inclusión sociolaboral que vaya desde la selección y que se desarrolle durante toda la contratación hasta la evaluación final, y trabajar por una distribución de género más equitativa.

También se hace necesario analizar la forma de incrementar la contratación de personas con discapacidad intelectual, psíquica, sensorial o múltiple, así como aquellas con un grado de discapacidad mayor; replantear el tipo de ocupaciones, haciendo hincapié en la posibilidad de ofrecer puestos de mayor calidad y cualificación, y unificar metodologías de trabajo y seguimiento.