lavanguardia.com 19.04.22

Es la misma cantidad que se comprometió para 2021, de la que se adjudicaron 21,14 millones a contratos con empresas de integración de personas con discapacidades y de inserción de colectivos desfavorecidos, el 96,11% del total.

El ejecutivo catalán ha decidido mantener el mismo importe de 22 millones de euros para este año porque prevé que persistan ciertos efectos derivados de la pandemia de la covid, que tuvieron impacto sobre la actividad contractual ordinaria de la administración.

El objetivo de esta reserva es doble: por un lado, hacer de la contratación pública una herramienta para lograr políticas públicas de generación de empleo para los colectivos más vulnerables; por otro, apoyar institucionalmente la labor que llevan a cabo los centros y empresas que se dedican a la inserción laboral de estos colectivos.

Por otro lado, el Govern ha prorrogado el plan integral del pueblo gitano porque la situación de la covid ha impedido iniciar el proceso de renovación del mismo, que se llevará a cabo durante este año para que pueda ser aprobado para el 2023.