Europa Press 03.01.22

Así lo ha anunciado la consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

El acuerdo actualiza el adoptado en 2016 y es fruto de un trabajo conjunto entre diversas Conselleries, organizaciones empresariales y entidades del tercer sector social.

Mediante este acuerdo se incorporan a los procedimientos de contratación diferentes cuestiones de política sociolaboral para velar por la calidad del empleo, la inclusión de personas desfavorecidas, igualdad entre hombres y mujeres, etc; también cuestiones relativas al medio ambiente --como aspectos de eficiencia energética o reducción de emisiones-- y a la alimentación.

Así, se tendrán que incluir consideraciones ambientales en procedimientos de obra, suministros o servicios incluidos en los criterios de la UE para la contratación ecológica; se amplía de un 3 a un 10 por ciento la reserva mínima de contratos para centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción; y fija en un 16% el mínimo de alimentos de producción ecológica y de temporada procedentes de venta directa en los contratos de suministro de productos agroalimentarios.

Además, se establece un sistema de desempate que premia la inclusión de medidas por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Se tendrá en cuenta que el licitador disponga de un plan de igualdad visado y registrado o de distintivos o acreditaciones oficiales. En caso de que se mantenga el empate, se tendrá en cuenta, en primer lugar, el porcentaje de trabajadores con discapacidad de cada empresa, y en segundo lugar, qué empresa tiene tasas más bajas de temporalidad.