Fue José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Foro CONR, el encargado de abrir la Junta agradeciendo a sus miembros la asistencia y destacando, como primer punto del orden del día, la aprobación del Plan del Gobierno para el impulso de la contratación pública socialmente responsable (Orden PCI/566/2019, de 21 de mayo). En este sentido, el presidente consideró que el Plan, impulsado por el Foro, era reclamado y muy esperado por el sector social, para el que tiene una importancia capital. Así, agradeció al Ministerio de Hacienda haber tenido la sensibilidad de atender esa demanda y, particularmente, su implicación en la Junta del Foro.

La subsecretaria de Hacienda, María del Pilar Paneque Sosa, agradeció a su vez la ayuda del Foro para conseguir la aprobación del Plan, que el Ministerio considera muy necesario para dar a conocer la vertiente social de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, y que deberían tener en cuenta todos los órganos de contratación. También avanzó la subsecretaria la intención del Ministerio de proceder a la constitución del Grupo de Trabajo que ha de desarrollar el Plan (reserva de contratos, acreditación de 2% de trabajadores con discapacidad, etc.), una vez constituido el nuevo Gobierno, de manera que se contribuya a vencer las reticencias que siempre genera una nueva regulación entre los que tienen que aplicarla.

Cerrado el primer punto del orden del día, José Luis Barceló, secretario de la Junta, apunta la necesidad de acometer la redacción de una Memoria de las cláusulas sociales en España y Europa que se constituya en referencia en la materia y permita conocer el impacto económico de las mismas en el conjunto de la contratación. Así, tendría como objetivo medir cuántos contratos con cláusula social se licitan, qué porcentaje representan en el conjunto de los contratos públicos, y cuáles son sus efectos y consecuencias para la igualdad de oportunidades.

Las líneas de la Memoria que se aprueban por la Junta son:

a) Aludir al nuevo concepto de contratación pública socialmente responsable como estratégica, en el sentido de que, yendo más allá de lo económico, asume la consideración de criterios sociales, medioambientales, etc.

b) Censar la normativa, los acuerdos de aplicación y la interpretación judicial y administrativa de las cláusulas sociales.

c) Definir quiénes son los actores de la contratación pública (Administraciones Públicas, Empresas, Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, etc.).

d) Ofrecer modelos de pliegos contractuales adaptados a las cláusulas sociales, abundando en la faceta práctica que siempre ha asumido el Foro.

e) Aportar una visión europea de la contratación responsable, que contribuya a extender su aplicación en los países de nuestro entorno.

A continuación, se alude a la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública (RD 94/2018, de 2 de marzo), que el Ministerio de Hacienda se compromete a impulsar en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que es el que la preside y que también es miembro del Foro. Se busca así promover desarrollos legislativos y otras medidas que incentiven la contratación socialmente responsable.

Finalmente, se alude a la necesidad de que los miembros del Foro colaboren en la realización de acciones de divulgación sobre la vertiente social de los contratos públicos. A tal efecto, se apunta la conveniencia de mantener reuniones con instituciones especialmente representativas de la función pública (FEMP, INAP, etc.)  para concretar esas acciones.

En este sentido, María Isabel Borrel Roncalés, directora del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), pone a disposición el organismo para desarrollar jornadas y programas formativos, indicando que hay alguno centrado en la materia para empleados locales. Alude también a la posibilidad de recurrir a la Comunidad Virtual de funcionarios del INAP para aprovechar el acervo intelectual en materia de contratación responsable y que quede reflejado en su Banco de Conocimiento.

De lo que se trata, en definitiva, es de detectar buenas prácticas reales en materia de contratación pública social que sirvan de referencia para incrementar exponencialmente su aplicación efectiva.

Pasando al siguiente punto del orden del día, se realiza una presentación de la web del Foro CONR, haciendo un breve repaso de los contenidos y funcionalidades que actualmente presenta la misma como imagen de la Asociación, como prescriptora y difusora de buenas prácticas en materia de contratación socialmente responsable, como punto de encuentro entre los distintos agentes implicados en la misma y como herramienta de consulta y trabajo. Además, se alude especialmente a la nueva dimensión de conr.es como difusora de buenas prácticas europeas en materia de discapacidad en general y de contratación social en particular.

Al hilo de la presentación, el representante de la Junta de Castilla y León, Antonio León Hervás, explica cómo el Gobierno de esta Comunidad Autónoma ha desarrollado un sistema que permite incorporar cláusulas sociales automáticamente en los pliegos de contratación y, en caso de no hacerlo, obliga a justificar el motivo. Dicho sistema, incardinado en la Plataforma Duero, evidencia la evolución de la contratación socialmente responsable, pues permite recoger datos de interés al efecto. De este modo se ha podido conocer que en el año 2018 se han adjudicado mediante reserva de contrato a centros especiales de empleo y empresas de inserción contratos por un importe total de 5.018.180 €, lo que supone un porcentaje del 13,46 % de la contratación adjudicada el ejercicio anterior susceptible de ser reservada. Por su parte, desde la entrada en vigor de los Acuerdos de directrices vinculantes para los órganos de contratación, el 1 de septiembre de 2012, hasta el 31 de diciembre de 2018 se han adjudicado contratos reservados por importe de 35,64 M€, lo que supone un 15,31 % del presupuesto total adjudicado en dicho período, porcentaje muy por encima del objetivo anual medio del 6,8%. Además, se ha pasado de los 190 CEE existentes en 2012 (los cuales daban empleo a 3.872 trabajadores con discapacidad) a los actuales 225 CEE (que emplean a 5.650 personas con discapacidad) y 13 Empresas de Inserción (que emplean a 126 trabajadores).

Concluye la reunión con las palabras de Alberto Durán, representante de Fundación ONCE, abundando en la necesidad de que el foro se convierta prescriptor y promotor de la cláusula social también a nivel europeo, pues se percibe que no es un tema que esté en la agenda de las instituciones comunitarias, salvo excepciones (Comisaria de Empleo).

También apunta la conveniencia de volver a hacer pedagogía de la perspectiva social de la nueva Ley de Contratos en el Congreso de los Diputados pues, como consecuencia de los procesos electorales, son muchos los diputados que son nuevos. Algo similar ocurre con los nuevos dirigentes locales elegidos en los comicios de mayo, a los que también convendría trasladar lo que significa la contratación responsable.

Se trata, en definitiva, de evitar que caigan en saco roto los avances alcanzados en materia de contratación socialmente responsable.