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elperiodico.com 16.03.21
La Comisión de Justicia debate para su aprobación, con competencia legislativa plena, el informe elaborado por la Ponencia sobre el Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Según han explicado a EFE fuentes de la comisión, el dictamen llega a la comisión "fuertemente acordado" y en él se han incluido muchas enmiendas transaccionadas por los grupos para mejorar el anteproyecto aprobado por el Gobierno el pasado 7 de julio, aunque mantiene "intacto" el espíritu de la reforma.
El objetivo es trasladar al ordenamiento la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que establece que estas personas tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica e insta a los estados a reconocerla en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida. Para ello, se proponen cambios en la Ley del Notariado, Código Civil, Ley Hipotecaria, de Enjuiciamiento Civil, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, de la Normativa Tributaria, del Registro Civil y de la Jurisdicción Voluntaria.
Entre las reformas destaca la modificación del Código Civil para establecer un nuevo sistema basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad. En ella, se sustituye la incapacitación o modificación de la capacidad por el apoyo, término que engloba desde la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad o la ruptura de barreras arquitectónicas, hasta la representación o sustitución en la toma de decisiones, únicamente cuando el apoyo no pueda darse de otro modo.
En ese ámbito, según las fuentes de la comisión, se incluyen en el dictamen que se vota hoy un desarrollo de esas medidas voluntarias de apoyo a las que van a tener acceso esas personas con discapacidad y se fijan de manera más promenorizada, como en cuestiones de accesibilidad para que se reconozca el derecho a conocer y a ejercer la voluntad parte de estas personas.
Tras la aprobación en el Congreso, el texto deber pasar a la Comisión de Justicia del Senado, en la que se completaría su aprobación definitiva.
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