cermi.es 14.01.24

La proposición de ley fue registrada el 29 de diciembre por los dos grandes partidos y la pasada semana recibió la conformidad del Gobierno para su tramitación, habida cuenta de que el Ejecutivo tiene posibilidad de vetar iniciativas de los grupos si considera que implican un aumento de gasto o una merma de ingresos.

La iniciativa será objeto de un primer debate el próximo martes para tomarla en consideración y aprobar su tramitación por el procedimiento de lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión. y dos días después, el jueves 18, será el momento para debatir las enmiendas que se hayan presentando, sean de totalidad con texto alternativo o parciales para modificar el articulado, y para aprobar la iniciativa y remitirla al Senado. Eso sí, dadas las obras en el hemiciclo del Congreso, estas dos sesiones plenarias se volverán a celebrar en la Cámara Alta.

COMO MÍNIMO, 210 VOTOS

Una reforma constitucional de este tipo exige un respaldo mínimo de tres quintos de cada una de las Cámaras (210 diputados y 159 senadores), lo que hace imprescindible la presencia de los grandes partidos. Y Sánchez y Feijóo ya quedaron en que la iniciativa se aprobará tal cual, sin aceptar ninguna enmienda ajena ni modificaciones que no cuenten con el apoyo de ambas formaciones.

Pese a esa advertencia, en Sumar ya han anunciado dos enmiendas: una de Compromís para recuperar el Derecho Civil Valenciano reconociéndolo en la Carta Magna y otra de Mès para que Formentera cuente con un senador propio y no tenga que compartirlo con Ibiza, como actualmente recoge la Constitución.

Otros socios del Gobierno podrían aprovechar para plantear más propuestas de modificación con sus reivindicaciones clásicas, pero el PP y PSOE tienen pactado que no prosperará ninguna enmienda. De hecho, ya han avisado a Compromís, que fue el primer partido que anunció su enmienda.

Y SIN REFERÉNDUM

Además, Feijóo también obtuvo el compromiso del PSOE de que sus socios de Sumar no apoyarán la realización de un referéndum constitucional para ratificar la reforma, pues se podría organizar con la firma de 35 diputados y la posición de los de Yolanda Díaz sería determinante si alguien lo propusiera.

Esta reforma constitucional fue impulsada por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018 y, junto al apoyo de la entonces vicepresidenta del Gobierno, la socialista Carmen Calvo, llegó al Congreso con un acuerdo unánime para sustituir el artículo por un nuevo texto "más acorde a los nuevos tiempos".

Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

LA NUEVA REDACCIÓN

Lo que se pretende es cambiar la redacción recogiendo que "las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas". "Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio", se añade.

Y en el segundo punto constará: "Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones, en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad".

En 2018 hubo un primer intento de reforma que contó con el apoyo en Comisión de todos los grupos parlamentarios que entonces conformaban el Congreso, pero la convocatoria de elecciones para 2019 impidió que su tramitación continuara.

EN BUSCA DE LA UNANIMIDAD, QUE DEPENDE DE VOX

En la siguiente legislatura se retomó y el PP y PSOE llegaron a dejar cerrada una redacción con discreción, pero no hubo clima ni tiempo para llevarlo adelante. Los 'populares' aseguraban que no tenían garantías de que la reforma constitucional se fuera a ceñir exclusivamente al artículo 49 y no veían disipado el riesgo de que algún grupo forzase la celebración de un referéndum constitucional.