Europa Press 09/06/14

El informe sobre cláusulas sociales en la contratación pública defiende que al igual que está prohíbido seleccionar empresas que no estén al corriente de sus obligaciones fiscales, se vete a aquellas compañías de cincuenta o más trabajadores que no cumplan con su obligación de tener un 2% de empleados con discapacidad.

   Asimismo, pide que se exija de forma expresa a los licitadores una acreditación del cumplimiento de este punto, junto a una declaración del cumplimiento de las disposiciones aplicables en cada uno de los países en los que opere en materia de inserción laboral de las personas con discapacidad.

   El CERMI afirma que el cumplimiento de la cuota de reserva es "muy inferior a lo que debería ser", pues "no sólo no llega al preceptivo 2% sino que se encuentra entre el 0,5% y el uno por ciento". En su opinión, "sólo su carácter obligatorio en la propia legislación de contratos públicos hará que pueda ser real y efectivamente aplicada".

   Para la organización, es necesario que la nueva normativa mantenga todas las cláusulas sociales ya recogidas en la actualidad, sin perjuicio de que se incluyan nuevas o se renueven las existentes para adaptar la normativa a las recomendaciones de la UE y del Consejo Económico y Social sobre la materia.

   En cuanto a los criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, el CERMI solicita que, en consonancia con la nueva Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, en toda contratación que esté destinada a ser utilizada por personas físicas, las especificaciones técnicas se redacten, salvo en casos debidamente justificados, teniendo en cuenta estos criterios.