Lavanguardia.com 10.02.20

En acto celebrado este lunes en Toledo, con motivo del primer seminario técnico sobre empleo público para personas con discapacidad intelectual, en el que han participado 150 personas, el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, ha recogido el galardón 'Apoyos en el puesto de trabajo'.

A su vez, la directora general de la Función Pública de Andalucía, Natalia Márquez, ha recibido el premio a la 'Trayectoria', se ha premiado a la Diputación Foral de Vizcaya con el de 'Colaboración con el Tercer Sector' y se ha reconocido al Estado por su contribución al empleo de la discapacidad intelectual, que ha recogido la nueva directora general de la Función Pública, María Isabel Borrel.

En este caso, porque 279 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de las 669 con capacidades disminuidas han ingresado en la Administración General del Estado en 2017.

El consejero de Presidencia de Castilla y León, Ángel Ibáñez, ha declarado a Efe que este galardón es "un aliciente" para reforzar el trabajo que se viene realizando desde el 2017 y que el proyecto premiado, 'Apoyos a un puesto de trabajo', "ha tenido unos resultados muy satisfactorios".

En concreto, ha explicado Ibáñez, cinco personas con discapacidad intelectual han accedido a un puesto de trabajo en centros de la Gerencia de Servicios Sociales tras superar "una serie de protocolos que pasaban no solo por la formación en habilidades, sino que sus compañeros debían conocer esas circunstancias especiales y cómo hacer todo el proceso de apoyo para que el desempeño de su trabajo fuera completamente normalizado".

En este contexto, ha confirmado que ahora su departamento trabaja en diseñar una oferta de empleo público "más concreta y específica", que "está en la fase previa de diseño", porque "los proyectos de vida se basan en el empleo que les permita desarrollarse" con absoluta normalidad.

Los tres premiados han sido reconocidos por un jurado integrado por representantes de Fundación Once, principal colaborador de la iniciativa, y las organizaciones de 'Plena Inclusión' nacional, de Andalucía, Murcia y la anfitriona Castilla-La Mancha, que han elegido entre las 16 candidaturas de administraciones públicas nacionales.

La directora general de Función Pública de Andalucía, Natalia Márquez, ha reconocido que "es un orgullo" este galardón a la 'Trayectoria', que confirma su labor, que data de 2012 con un primer acuerdo con la Fundación 'Plena Inclusión Andalucía'.

"En todas las convocatorias de empleo público se reserva un cupo para la discapacidad", ha razonado Márquez y sobre el 10 % que, de forma general, se fija en todas las Autonomías, Márquez ha explicado que en Andalucía se aplica el 7 % al general, el 2 % al intelectual y el 1 % a la enfermedad mental con discapacidad acreditada de al menos el 33 %, que "se aplica también en las extraordinarias" como las de 2017 y 2019.

Y, ha ampliado, "no nos olvidamos de la bolsas de empleo y se ha reservado el mismo cupo que en las ofertas públicas" como tampoco las medidas de discriminación positiva y que "por no elegir un puesto, una localidad, por sus especiales características, no decae y continua hasta que surge otro más adaptado".

Ha confirmado que, entre otras medidas de la Junta, "cuando pasan al sistema selectivo se hacen convocatorias independientes, con ejercicios adaptados" y ha reseñado, como ejemplo, que en la oposición de auxiliar administrativo "se ha hecho un temario de lectura fácil".

Márquez ha zanjado que se trabaja con la consejería de Empleo para realizar un plan de empleo específico y como se ha emprendido una campaña de visibilización "facilitando mucha información tanto a las familias, el entorno de los compañeros y las empresas de destino de los trabajadores", ha finalizado.