lavanguardia.com 04.03.19
Lo ha confirmado este lunes la consejera de Familia e Igualdad, Alicia García, antes de reunirse con la nueva directiva de CERMI, plataforma que aúna a varias organizaciones dedicadas a las personas con discapacidad, y que a través de su colaboración estrecha con la Administración "ha permitido que la comunidad represente a España en la Convención de la ONU".
Castilla y León acudirá invitada por el Gobierno central, en virtud de la calidad de sus servicios sociales, tanto en materia de atención a la dependencia, como en el ámbito de la discapacidad "en las que se han llevado a cabo medidas pioneras y vanguardistas para mejorar la situación de estos colectivos".
Entre estos avances, García ha destacado la aprobación del I Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidad para personas con discapacidad, la aprobación de la estrategia de prevención de la dependencia para personas mayores y de promoción del envejecimiento activo o el impulso de la figura del asistente personal.
Asimismo, ha incidido el impulso realizado para la inserción laboral de las personas con discapacidad, apostando por los itinerarios personalizados de empleo o la convocatoria, por primera vez, de plazas públicas, exclusivamente dirigida a personas con discapacidad intelectual.
En todas estas medidas, "el apoyo de CERMI ha sido fundamental", ha señalado la consejera, quien ha deseado "acierto en sus decisiones" a la nueva junta directiva, algo que ha dado por seguro, "puesto que conocen bien las necesidades del sector y han protagonizado grandes avances en los últimos años".
En este sentido, ha querido agradecer el gran trabajo realizado por el anterior presidente, Francisco Sardón, "una persona con capacidad de diálogo y que aúna rigor, talento y talante", y al que ahora sustituirá Juan Pérez, presidente de Plena Inclusión Castilla y León.
Pérez ha asegurado que se llevará a cabo "una línea continuista", que incluye una relación "fluida" con las administraciones y que seguirá trabajando para ofrecer las mayores oportunidades posibles al colectivo de personas con discapacidad, en materia normativa, derechos subjetivos, en el medio rural y respecto a las mujeres, con un especial tratamiento de la violencia de género.
También ha incidido en una apuesta clave para el sector, como es "seguir mejorando la empleabilidad" y en continuar haciendo una "política de puertas abiertas" para trabajar "desde la confianza" en beneficio de las personas con discapacidad.
Entre las medidas que están pendientes, se halla la aprobación de la Ley de acceso a la entorno de las personas usuarias de perro de asistencia, el nuevo Reglamento de Accesibilidad y eliminación de barreras, el Decreto de precios públicos y de prestaciones a dependientes, o la ampliación de las cláusulas sociales y reserva de contratos para personas con discapacidad.
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